El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, admitió en un oficio dirigido al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la existencia de fallas administrativas y falta de recursos para enfrentar los desalojos de campamentos en el país.
En su respuesta a la directora del organismo, Montes detalló que el Minvu carece de presupuesto y de mecanismos administrativos adecuados para dar respuesta inmediata en caso de ejecutarse las expulsiones pendientes.
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El documento, identificado como Oficio N° 330 y enviado el 26 de agosto de 2024, se enmarca dentro del informe anual del INDH. En este, Montes respondió a una serie de preguntas relacionadas con la situación de los campamentos y las medidas adoptadas por su cartera.
Según el ministro, en enero de 2025 existían 52 campamentos con órdenes de desalojo en Chile, de los cuales 28 corresponden a órdenes judiciales y 24 a medidas administrativas.
SITUACIÓN EN SAN ANTONIO
La respuesta del Minvu generó preocupación sobre como se manejará la salida de cerca de 10 mil personas que viven en la megatoma de San Antonio, así como en otras ocupaciones ilegales en el país.
En ese sentido, Montes explicó que aunque se han otorgado subsidios y ayudas a familias afectadas, el ministerio no tiene la responsabilidad directa de ejecutar desalojos, sino de gestionar soluciones habitacionales a través de subsidios y programas específicos.
MEDIDAS ADOPTADAS
Entre las medidas implementadas, el Minvu informó que en 2023 se entregaron 124 subsidios transitorios a las familias desalojadas en la Región del Bíobío y que se otorgaron Gastos de Traslado Transitorio (GTT) a 341 hogares de Colina y Cerro Navia.
Además, en 2024 se entregaron GTT a 136 familias desalojadas de la toma 17 de mayo en Cerro Navia y 2.890 viviendas a familias en situación de campamento bajo el Plan de Emergencia Habitacional (PEH).
