A petición del ministro Carlos Montes, durante 40 minutos la última sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que está indagando el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco del Caso Convenios fe secreta.
«Estamos ante una situación muy grave, porque se trata de plata de los campamentos, quisiera que tuviéramos la mayor disposición para ir a las causas y buscar las soluciones (…) Por las características de la exposición, quiero solicitar que al final de mi exposición puedan haber algunos minutos de sesión secreta porque tengo información que no puedo entregar públicamente», solicitó Montes. Y luego añadió que se referiría a “personas específicas” que podrían estar involucradas en traspasos de recursos irregulares.
Así fue que, una vez que terminó su presentación, se le solicitó a asesores y otros presentes abandonar la sala y se interrumpió la transmisión online de la sesión. Solo participaron los diputados, el ministro y parte de su equipo.
Al volver a abrirse, el presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), reiteró que lo conversado «va a quedar en secreto».
A la salida Montes aclaró que «nosotros tenemos un grupo interno de investigación. Acá nosotros no somos ni el Ministerio Público ni la policía, por lo tanto la información que nosotros logramos recabar es una información parcial y no tenemos los mecanismos para chequearla y ver los grados de exactitud».
«Todo se lo hemos ido enviado al Ministerio Público, a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado», agregó.
«Quisimos hacerlo así -la sesión secreta- porque queremos ser serios, no queremos aparecer vinculando a personas con hechos sin que ellos tengan la posibilidad de decir cuáles son sus argumentos. Hay que ser serios, acá no importa la noticia, acá importa llegar al origen del problema, a las soluciones y que se sancione a los responsables», enfatizó el ministro de Vivienda.
¿Y JACKSON?
Esta fue la tercera reunión de la comisión investigadora y a ella fueron invitados la recién asumida ministra de Culturas, Carolina Arredondo; el ministro de Vivienda, Carlos Montes; el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y los ministros de la administración anterior, Cristián Monckeberg y Felipe Ward.
Estos tres últimos se excusaron de asistir.
“¿Cómo lo hacemos con nuestras preguntas para el exministro Jackson que no está aquí?”, preguntó el diputado Rubén Oyarzo (PDG).
“Se las podemos hacer llegar”, le respondió el presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN).
EL RELATO DE MONTES
En la parte que fue pública de la sesión, el ministro de Vivienda expuso sobre la investigación interna del Minvu, donde detectaron como factores que contribuyeron a la crisis por los líos de platas el crecimiento explosivo de los campamentos, la falta de correspondencia entre el crecimiento de estos asentamientos precarios y la capacidad institucional para abordarlos, además de la incorporación de fundaciones para ampliar capacidad de intervención, con bajas exigencias de fiscalización.
En cuanto a las deficiencias del modelo que se detectaron, Montes enumeró que los convenios se suscriben sin que lo medie un proceso de licitación o mecanismo de selección, que en gran parte de los convenios se transfiere la totalidad de los recursos tras haberse suscrito y aprobado el convenio por acto administrativo, y que estos no incorporan programación de hitos que permitan transferencias según avance.
Otro falencia es la falta de exigencias de boletas de garantías u otro instrumento de caución, falta de mecanismos de control, seguimiento y fiscalización de las operaciones convenidas, y falta de exigencia de experiencia en el ámbito requerido, así como del giro u objeto fundacional coherente con las iniciativas de intervención a las cuáles postula la entidad.
El ministro también detalló irregularidades que no tienen relación con las insuficiencias del modelo sino que con temas de probidad y transparencia, como conflictos de interés y transgresión del deber de abstención, contratación de personal con cargo a los recursos transferidos y posible desvío de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios.
SIETE FUNDACIONES EN LA MIRA
La investigación interna del Minvu identificó siete fundaciones con posibles irregularidades.
Democracia Viva, en la Región de Antofagasta, con posible conflicto de interés y contratación de personal para funciones propias de la Seremi y Serviu; Arquiduc, en la Región de O’Higgins, con un posible desvío de recursos entre fundaciones y proveedores; EnRed, en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Ñuble, donde se detectó un posible conflicto de interés y desvío de recursos entre fundaciones y proveedores.
En la Fundación Urbanismo Social, en la Región del Maule, se identificó un posible conflicto de interés y transgresión del deber de abstención; en Enlace urbano, en la Región de Tarapacá, altos costos; en Acción Digital, en la Región de los Lagos, se detectó la falta de reintegración de recursos no utilizados; y finalmente, en Red Integral y Comunitaria en la Región de O’Higgins, se identificó un posible conflicto de interés.
“Los hechos han demostrado la fragilidad de los convenios de transferencia”, dijo Montes, quien de paso valoró la comisión investigadora de la Cámara, «porque hay hechos que hay que objetivarlos, y espero que surjan medidas que permitan evitar situaciones de corrupción en el futuro”, reclacó.
