La Fiscalía Nacional decidió trasladar la investigación del Caso ProCultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta y solicitó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que entregara un informe sobre el tema.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público informó que «En uso de las facultades que le confiere el artículo 19 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, el Fiscal Nacional ha resuelto reasignar la investigación conocida como «Caso Procultura» a la Fiscalía Regional de Antofagasta, atendida su complejidad y gravedad, y con el objetivo de asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso».
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Finalmente, el texto concluye indicando que «El compromiso de la Fiscalía Nacional es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal».
REACCIONES
Cooper, quien había sido respaldado con entusiasmo por sectores de la derecha y criticado con fuerza desde el oficialismo por un presunto sesgo político, enfrentó ahora un duro revés: fue severamente cuestionado por la justicia y, como consecuencia, removido de la causa por decisión del Fiscal Nacional.
Camila Flores
«Me parece una señal sumamente negativa que hayan removido a un fiscal que se estaba atreviendo a levantar todo el ruido que sea necesario con tal de que los eventuales culpables de delitos paguen por esta situación. Me parece que la fiscalía da una señal equivocada al ceder a las presiones de la extrema izquierda de nuestro país que no quiere que esto se investigue y que finalmente pase como en otras situaciones donde estos escándalos quedan en nada. Yo esperaría que el fiscal nacional reconsidere esta situación, aun cuando lo veo improbable. Pero insisto, la señal que se da a la ciudadanía es que finalmente el fiscal nacional sucumbió a las presiones de la extrema izquierda».
Lorena Fries
«Me parece que después del fallo contundente de la Corte de Apelaciones, el Ministerio Público y el Fiscal no podían hacer otra cosa más que removerlo. Es lo que corresponde después del fallo, repito, unánime y contundente respecto de las acciones ilegales que realizó el fiscal Cooper y además con un propósito que, como dice la Corte de Apelaciones, no veíamos desde hace tiempo y que solo se ocupaba durante la dictadura».
Evelyn Matthei
«Los chilenos necesitan que se conozca toda la verdad: es inaceptable que el dinero de todos los chilenos se malgaste mientras se mueren 30.000 enfermos en listas de espera Esperamos que las investigaciones avancen sin presiones políticas, como las que hemos visto estos días, y que el Gobierno respete plenamente la autonomía del Ministerio Público. Debemos lograr recuperar cada peso mal utilizado por quienes pusieron sus intereses electorales por encima del bien común de todos los chilenos».
José Antonio Kast
«Luego de dos años de investigación, el Fiscal Cooper es removido del Caso Procultura. El peor escándalo de corrupción de la historia reciente se resuelve de la peor manera posible, favoreciendo la impunidad».
Johannes Kaiser
Héctor Ulloa
Creemos que después de que se calificara el pinchazo de Josefina Hunneus como un «acto ilegal y arbitrario», la posición del fiscal era difícil de sostener, dañaba las confianzas, y desviaba la atención hacia su figura, lo que podía afectar los resultados de la investigación.
Como hemos dicho desde un principio, aquí lo principal, más allá de quien esté a cargo de las pesquisas, es que la justicia pueda hacer su trabajo de manera seria, responsable, y sin presiones políticas que puedan venir tanto del oficialismo como de la oposición. Esperamos que se llegue a la verdad en el caso Procultura, y les caiga todo el peso de la ley a quiénes robaron recursos fiscales, que iban destinados a programas para las familias más vulnerables de nuestro país».
Juan Santana
Tras la remoción del fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura -decretada por la Fiscalía Nacional tras el contundente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta-, el jefe de la bancada socialista, Juan Santana, entregó una dura evaluación del hecho:
«Lo que hizo el fiscal Cooper fue inaceptable en un Estado de Derecho. La Corte lo comparó explícitamente con métodos de la dictadura, y eso marca un precedente gravísimo. Su salida de la investigación era la única opción posible», afirmó el parlamentario.
«Ahora le toca a la Corte Suprema decidir sobre su remoción, pero el antecedente es tremendamente grave. Es decir, un fiscal que abierta y decididamente vulneró derechos mínimos que tiene cada persona», condenó el representante de la Región de Atacama.
Rodrigo Galilea
«Lo ocurrido en las últimas horas en el caso ProCultura y fundaciones en general, no nos pueden hacer perder el foco de lo verdaderamente importante. Más allá del cambio de un fiscal a cargo, más allá de la resolución de la corte de apelaciones de Antofagasta, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que seguir investigando qué es lo que ocurrió con estos cientos y miles de millones de pesos que no parecen tener una buena explicación en su uso ni en su destino. Así que esperamos que el fiscal nacional y el nuevo fiscal que tome a cargo la causa, le dé absolutas garantías a todos los chilenos de que la investigación y todas las investigaciones y todas las personas que están siendo legítimamente investigadas, puedan seguir adelante y que los chilenos tengamos una buena explicación. Eso es lo único importante y esto no puede dar pie, pero por ningún motivo, para que algo quede sin hacerse, algo quede sin investigarse, algo quede enredado, simplemente en problemas judiciales que no van al fondo de lo que a los chilenos le preocupa: el buen uso de los recursos públicos y que no exista financiamiento ilegal de la política».
Pedro Araya
«Creo que la decisión del Fiscal Nacional es correcta, ya que de la lectura de la sentencia de la Corte de Antofagasta se desprende que el fiscal Copper infringió gravemente las disposiciones legales que regulan las intercepciones telefónicas y en el mejor de los casos omitió y entrego información errónea al juez para fundamentar su solicitud; y lo más grave es que sabiendo que no podía continuar con las escuchas de la Sra. Huneus continuó realizando dicha interceptación telefónica.
Creo que esta situación es gravísima, ya que coloca en entredicho la forma en cómo se solicitan las medidas intrusivas por parte de la Fiscalía, por lo que el Fiscal Nacional debiera ordenar una investigación sumaria, a fin de determinar la responsabilidad de los fiscales que participaron en esta escucha ilegal, y lo mismo debiera ocurrir en la PDI.»
