A través de su equipo jurídico la municipalidad de Santiago solicitó la suspensión del embargo pedido por la Inmobiliaria San Valentino SpA ante el 20º Juzgado Civil de la capital tras el no pago de la compraventa de la exclínica Sierra Bella.
La deuda asciende a alrededor de $9.300 millones.
La acción fue presentada por la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio a través del estudio jurídico Carrasco, Toro & Cía.
Este solicitó la suspensión del procedimiento “mientras se tramitan y fallan las excepciones opuestas en este libelo”, publicó radio Bío Bío.
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LA FALLIDA COMPRA
La compra se firmó en la 41ª Notaría de Santiago en enero de 2023 por $8.200 millones, durante la administración de Irací Hassler.
Cabe recordar que fue el 19.º Juzgado Civil de Santiago el que acogió un reclamo de la Inmobiliaria San Valentino SpA y ordenó inscribir la escritura pública de la compraventa de la exclínica Sierra Bella. Esta fue materializada en septiembre por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Según la instrucción notarial, el municipio debía pagar un vale vista inicial de $2.400 millones y otros dos desembolsos que fueron pactados.
El actual jefe comunal, Mario Desbordes, ordenó no cursar el pago, a pesar de que la compraventa fue inscrita a nombre de la entidad edilicia. Esto provocó que la deuda ascendiera a 234.124 UF (alrededor de $9.300 millones).
A inicios de octubre se presentó la demanda de cobro de obligación en juicio ejecutivo en contra de la municipalidad de Santiago.
DEMANDA EJECUTIVA
En su oposición a la demanda ejecutiva que lleva al embargo, el municipio sostuvo que Inmobiliaria San Valentino SpA adquirió la exclínica Sierra Bella en más de 1.000 UF ($2.080.156.220, equivalente al día del pago), lo que ascendió luego a $2.231.855.110.
Además,aseguró que el Concejo Municipal habría sido víctima de un “error de hecho“, pues aprobó la compraventa por trato directo en el precio de 234.124 UF, con informes de tasación que reflejaban un precio superior al del mercado.
Por lo tanto, argumentan que hubo un sobreprecio en las tasaciones y que el valor del inmueble no pudo exceder los $2.500.000.000.
Igualmente, alude a oficios de Contraloría que advertían sobre la presunta ilegalidad de la compraventa por parte del municipio.
