Política

¿No se hablan? Arrau responde a reparos de Ministra de Salud

Teresa Frías K.

Los dichos de Arrau y May Chomali abrieron nuevas dudas sobre la coordinación del Gobierno frente al proyecto que restringiría beneficios sociales a condenados.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas de la ministra de Salud, May Chomali, respecto del borrador que prepara el Gobierno para restringir determinadas prestaciones y beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo, en una nueva señal de falta de coordinación dentro del Ejecutivo.

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La secretaria de Estado había reconocido que no conocía el contenido del documento y manifestó reparos jurídicos respecto de una eventual restricción de prestaciones de salud.

En declaraciones a CNN, Chomali sostuvo que la propuesta podría entrar en conflicto con normas vigentes y recordó que el derecho a la salud se encuentra consagrado constitucionalmente.

Arrau: «Desconoce el proyecto»

Consultado por las declaraciones de la ministra, Arrau cuestionó que Chomali opinara sobre una iniciativa que, según explicó, aún no ha sido presentada públicamente.

«La ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional, es un proyecto que todavía no ha sido público. El borrador tampoco lo conoce», afirmó en conversación con Radio Infinita.

El titular de Seguridad agregó que, a su juicio, la ministra estaría opinando sin contar con todos los antecedentes de la propuesta.

«Yo creo que está opinando de una cosa que quizás no estaba tan al tanto», sostuvo Arrau, antes de explicar los alcances que tendría la iniciativa.

La propuesta que divide al Gobierno

Según explicó el ministro, la propuesta restringiría ciertos beneficios sociales estatales para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado y el terrorismo.

Arrau comparó la iniciativa con las restricciones constitucionales para condenados por terrorismo, quienes enfrentan impedimentos para ejercer determinados cargos y funciones.

«Agregar que no puedan recibir una serie de beneficios sociales», explicó.

El ministro sostuvo que los recursos públicos provienen de los impuestos y que el Estado debe determinar cómo destinarlos.

“Creemos que no podemos usar los impuestos de todos los chilenos para financiar beneficios sociales a condenados por crimen organizado y terrorismo”, afirmó.

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