Suman y siguen las revelaciones de traspasos de fondos y millonarios pagos que instituciones estatales hicieron a la Universidad San Sebastián (USS) durante el gobierno de Sebastián Piñera.
No solo los $1.479 millones por distintos programas de formación docente y asesorías técnicas en ordenes de compra cuando Marcela Cubillos fue ministra de Educación, sino que ahora Ciper Chile reveló grandes montos adjudicados por el ministerio de Salud.
A CONTRALORÍA
Desde el oficialismo, diputados anunciaron que concurrirán a la Contraloría General de la República para que investigue los compromisos de pagos -de $3.500 millones- por parte del gobierno de Sebastián Piñera la Universidad San Sebastián (USS).
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Recordemos que, según reveló Ciper, se trató del Ministerio de Salud durante la pasada administración y en el contexto de la pandemia.
Ahora, el anuncio de acudir al ente contralor fue por parte de los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Gael Yeomans (FA), Alejandra Placencia (PC), Daniela Serrano (PC) y Marta González (Indp. PPD).
«PUERTA GIRATORIA»
Sobre el motivo del anuncio, el diputado Luis Cuello catalogó como una “puerta giratoria” el paso de autoridades de la administración Piñera en el recinto de educación superior.
“Durante el gobierno de Piñera, la Universidad de San Sebastián pasó al top 500 de los proveedores del Estado. Significa que se aumentaron exponencialmente los recursos que fueron a parar a esta universidad”, dijo.
Agregando que “al mismo tiempo que dentro del Ministerio estaban en ese momento el exministro (Enrique) París y también el exsubsecretario Arturo Zúñiga, que después, cosa curiosa, qué casualidad, pasaron a ser altas autoridades de la Universidad San Sebastián”.
FAVORES A LA USS
Por su lado, el diputado socialista Juan Santana destacó que en esta situación se observa un patrón, pues “autoridades de gobierno utilizan sus cargos para favorecer a una institución de educación superior y después son contratadas por esa misma universidad”.
A su vez, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, pidió investigar porque “que exista un vínculo tal que termine siendo una caja pagadora de la actividad política de la UDI o de la derecha en general, tanto los recursos de la universidad como también los recursos del Estado, es algo que no se puede aceptar”.
Junto a ellos, Alejandra Placencia, legisladora del PC, manifestó que “esto es parte ya de un entramado que no tiene límites éticos, que no tiene otra lógica más que el enriquecimiento propio para fines políticos, pero también el perjuicio que existe hoy día para la ciudadanía”.
«DESVIANDO FONDOS»
Por su parte, la diputada comunista Daniela Serrano apuntó que “cuando la universidad se adjudica estos fondos, solamente tenía el laboratorio andando en la región de Los Lagos (…) acá la pregunta es si vieron también una posibilidad de un nuevo negocio”.
Finalmente, la diputada independiente por el PPD, Marta González, dijo que “es realmente impresentable que en un momento crítico de todos los chilenos y chilenas, donde compatriotas estaban muriendo por la pandemia, el gobierno de Sebastián Piñera aprovechara la oportunidad para seguir desviando fondos, para seguir alimentando un negocio de privados”.
