El oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) abrió un flanco inesperado para el Gobierno y obligó al oficialismo a salir a contener una polémica que ya no solo apunta al contenido del documento, sino también a la forma en que La Moneda comunica sus decisiones presupuestarias.
La controversia se desató luego de que se conocieran lineamientos para el Presupuesto 2027 que sugerían “descontinuar” programas sociales, entre ellos iniciativas sensibles como la alimentación escolar. Aunque desde el Ejecutivo insistieron en que no existe intención de eliminar beneficios, el uso de esa palabra instaló dudas incluso dentro de los partidos que respaldan al Presidente José Antonio Kast.
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Dirigentes oficialistas apuntaron a un “error comunicacional” y centraron sus cuestionamientos en Hacienda, la Dipres y el Segundo Piso. Jorge Alessandri sostuvo que el oficio “no comunica bien”, mientras Arturo Squella pidió revisar responsabilidades internas para evitar nuevos episodios similares. Ximena Ossandón, en tanto, advirtió que el problema no solo fue de forma, sino también de fondo, al cuestionar que se sugiera revisar programas bien evaluados por la ciudadanía.
Desde la Dipres, José Ignacio Llodrá reconoció que el lenguaje utilizado fue impreciso. Según explicó, más que “descontinuar”, la idea era “reformular” mecanismos de ejecución, sin abandonar los objetivos de política pública. En el caso de la alimentación escolar, aseguró que no se busca eliminar el beneficio, sino evaluar si puede ejecutarse de otra manera.
Así, el Gobierno intenta cerrar una polémica que expuso una tensión mayor: cómo compatibilizar el ajuste fiscal prometido con la garantía de no afectar programas sociales. El episodio dejó en evidencia que, en materia presupuestaria, una palabra puede convertirse en un problema político de alto costo.
