Enviar los datos al Ministerio Público para que investigue un eventual tráfico de influencia o presentar una acusación constitucional (AC) son algunas de las alternativas que barajan parlamentarios oficialistas frente al informe reservado de la Contraloría General de la República respecto de la intervención quirúrgica que se le practicó a la madre de la exministra de Salud Ximena Aguilera en el hospital Salvador.
De acuerdo con el escrito, previo a la intervención quirúrgica de la mujer de 87 años, el asesor de la secretaria de Estado, Manuel Nájera de Ferrari, advirtió su ingreso al recinto hospitalario, por lo cual se establecieron “coordinaciones internas” entre autoridades de salud; se comunicó con el director del hospital (estaba de vacaciones), la directora subrogante y el jefe de la Unidad de Emergencia.
Según Contraloría, esto podría infringir el artículo 62 de la Ley N° 18.575, al contravenir el principio de probidad administrativa.
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Al respecto, el diputado Daniel Lilayu (UDI), que fue quien solicitó el informe, sostuvo que «estamos evaluando enviar antecedentes al Ministerio Público, para que se investigue la posible existencia de un tráfico de influencias a raíz de todos los llamados y gestiones que hubo por parte de un asesor del ministerio”.
Por lo mismo, la Unión Demócrata Independiente descarta -por ahora- una AC contra Aguilera, hasta conocer los resultados de esa investigación.
Desde RN, en tanto, el diputado Andrés Celis sostuvo que la acusación constitucional sí es una de las herramientas que puedan activar, “porque la contralora señala que se transgrede el principio de probidad y la Constitución, porque no cumple la igualdad ante la ley”.
Si bien Aguilera ya no ejerce como ministra de Estado, la Constitución le permite a los diputados presentar una acusación contra un exministro hasta tres meses después de haber dejado su cargo.
MÁS ALTERNATIVAS
Lo otro es la querella por tráfico de influencia.
Por su parte, Cristóbal Urruticoechea, desde la bancada del Partido Nacional Libertario dijo que “hay certeza que aquí se concurrió en un acto completamente anormal y que hubo un abuso de poder y de autoridad”.
“Ante cualquier situación como esta, lo normal es tomar toda la potestad legal que tiene la Cámara de Diputados para efectuar una acusación contra una autoridad que ha usado malamente su poder”, recalcó.
