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Oposición arremete contra el Gobierno por pensiones de gracia

Javiera Sanzana

La Cámara de Diputados respaldó el informe que reconoce irregularidades en pensiones de gracia, entregadas a las víctimas del estallido social.
«Estos hechos demuestran que el gobierno realmente no le importa la institución de Carabineros, y que lo que han dicho estas ultimas semanas respecto de estar a favor de la institución es solamente por un tema electoral, por un tema de salir de la emergencia que tenemos de seguridad», afirmó el diputado, Álvaro Carter.

La revelación de que cinco individuos condenados por su participación en el estallido social de 2019 han sido beneficiados con pensiones de gracia vitalicias bajo la administración del Presidente Gabriel Boric desencadenó un andanada de críticas desde la oposición hacia La Moneda.

Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, comentó: «Él decía que la oposición le ha faltado el respeto a Carabineros cuando lo critica en materia de seguridad».

«Yo le digo al Presidente que faltar el respeto a Carabineros es otorgar pensiones de gracia vitalicias a quienes los han pateado en el suelo, a quienes les han quemado las casetas y a quienes han atentado contra su vida tirándoles bombas molotov, que son precisamente a quienes este gobierno le pidió pensiones de gracia vitalicias», expresó.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Recientemente, Ex-Ante informó sobre Gabriel Allende Torres, quien tiene una condena por lanzar una molotov a policías en Curacaví durante octubre de 2019. El origen de su pensión se remonta a una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) debido a heridas por perdigones.

Adán Castro Cifuentes fue condenado por dos delitos de agresión a Carabineros tras golpear a un cabo y a un sargento durante un control de detención en Villarrica, en el contexto de las protestas de esa época.

Castro fue incluido en la lista para recibir la pensión de gracia porque, según la formalización por apremios ilegítimos en contra del sargento, sufrió golpes que le provocaron «erosiones y contusiones en la zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos».

Estos son solo dos de al menos tres casos similares.

SESIÓN ESPECIAL

El diputado Longton anunció «una sesión especial en la Cámara de Diputados. Y vamos a invitar a la Contralora General de la República a la Comisión de Seguridad, para que ella nos de las señales jurídicas y se las de al gobierno, porque no puede ser que tengamos que esperar un proyecto de ley que puede demorar».

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Desde la misma comisión y partido, Diego Schalper instó al jefe de Estado a «romper vínculos con el octubrismo».

«Los chilenos no se explican cómo usted puede poner arriba de la mesa una pensión de gracia en favor de personas que han cometido estas situaciones. Le pedimos que se ponga del lado de las víctimas y que corte los cables con el octubrismo que todavía pareciera ser mantiene vigente en alguna parte de su gobierno», enfatizó.

REACCIONES DE LA POLÍTICA

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), expresó su descontento uniéndose a las críticas. A través de su cuenta en redes sociales, calificó como «vergonzosa» la concesión de estos beneficios a los cinco condenados, afirmando que, en su opinión, «el gobierno no muestra interés en resolver los problemas de seguridad».

Desde la UDI, el diputado Álvaro Carter calificó de «imperdobale» que el gobierno haya otorgado una pensión vitalicia “a alguien que pateó en la cabeza a un carabinero”, aludiendo a Adán Castro.

«Estos hechos demuestran que al gobierno realmente no le importa la institución de Carabineros, y que lo que han dicho estas ultimas semanas respecto de estar a favor de la institución es solamente por un tema electoral, por un tema de salir de la emergencia que tenemos de seguridad», afirmó el parlamentario.

Por su lado, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) escribió en su cuenta de X que «siguen apareciendo pensiones de por vida a delincuentes ‘víctimas del estallido social’ otorgadas por el gobierno a condenados por violencia».

Desde el Partido Republicano, el parlamentario Cristián Araya, miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, enfatizó que «Es evidente que la revocación es el único camino para poder enfrentar esta crisis de imagen del gobierno en cuanto a las pensiones de gracia se refiere».

«No resulta suficiente el incorporar indicaciones a un proyecto de ley que se puede demorar un tiempo infinito. Hoy, de forma inmediata, el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, puede reducirlas al mínimo. Mientras tanto vemos toda la parte administrativa para poder revocarlas. Por mientras, que no sigan recibiendo cientos de miles de pesos quienes atentaron contra la integridad de Carabineros de Chile. Esto es una verdadera bofetada a la institución y a los miles de víctimas del octubrismo» finalizó.

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