Este viernes 3 de enero el Gobierno dio marcha atrás en la polémica compra por más de $920 millones de la casa del exPresidente Salvador Allende a sus nietos, que incluía a la ministra de Defensa, Maya Fernández.
La compra fue considerada inconstitucional ya que vulnera el artículo 37 bis de la Constitución, el que señala que «durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado».
En ese sentido, parlamentarios de la oposición arremetieron contra el Ejecutivo ante el desistimiento en la compra del inmueble del exmandatario.
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El jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, declaró que «hemos tomado conocimiento que el Gobierno de Chile desistió definitivamente de comprar el inmueble que habría pertenecido a Salvador Allende. Esto demuestra que quienes nos gobiernan toman decisiones sin importar si hay normas constitucionales que podrían estar vulnerando».
El legislador fue categórico expresando que «es hora de que quienes nos gobiernan asuman que están al frente del Gobierno de Chile y no haciendo la práctica».
«Es hora de que quienes nos gobiernan asuman que el Gobierno se debe tomar con seriedad y responsabilidad y no como lo han hecho hasta ahora con esta manera adolescente y vulgar de gobernar», sostuvo.
Asimismo, la jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, se sumó a las críticas de la UDI asegurando que el Gobierno dio marcha atrás sólo por la denuncia que se levantó sobre la compra.
«El gobierno al menos muestra vergüenza de haber transgredido la Constitución, pero la verdad sea dicha: se retractan solo porque son denunciados luego que el último día del año buscan concretar una compraventa en medio de las celebraciones», indicó Ossandón.
«Es un hecho vergonzoso desde lo técnico pero preocupante desde la ética y la probidad», manifestó la parlamentaria tras conocer la noticia.
En tanto, desde el oficialismo, el diputado Raúl Soto (PPD) respaldó al Gobierno y valoró que hayan dado cuenta del error, así como se haya corregido.
«Es una buena decisión haber dado pie atrás a una compra que iba a ser polémica e iba a generar problemas jurídicos, políticos y éticos. Esto se podía transformar en un nuevo y grave error no forzado para el Gobierno. Valoramos que se hayan dado a cuenta a tiempo del error y se haya corregido», comentó Soto.
