Tras el escándalo por los cobros excesivos en las cuentas de electricidad, la oposición presentó una acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.
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Con esta acción, ya suman ocho acusaciones de este tipo impulsadas por la oposición durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.
PRIMER CASO DE AC EN EL GOBIERNO DE BORIC
El primer caso ocurrió en julio de 2022, cuando el Partido Republicano promovió una acusación contra la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, por “comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haberlas dejado sin ejecución”.
Sin embargo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 84 votos a favor la llamada “cuestión previa” presentada por la defensa, lo que llevó a descartar el libelo y considerarlo no presentado.
GIORGIO JACKSON
Meses más tarde, la atención se centró en Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social. En la introducción de la acusación se le imputaba “abuso de autoridad y poder”. No obstante, la iniciativa fue nuevamente rechazada.
Seis días después, la oposición apuntó a la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. La acusación, dividida en dos capítulos, le atribuía responsabilidad en los errores administrativos que derivaron en los indultos a 12 personas condenadas por delitos cometidos durante el estallido social de 2019. La Cámara también rechazó este libelo, la misma semana en que desechó el de Jackson.
En junio de 2023, el foco fue el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
La oposición lo responsabilizó por impulsar una agenda centrada en la diversidad sexual, vulnerar el derecho de los padres a educar a sus hijos y provocar los bajos resultados del SIMCE.
CARLOS MONTES
Seis meses después, el blanco fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. La acusación sostenía que no ejerció control jerárquico sobre los organismos a su cargo, en medio de las investigaciones del caso Democracia Viva, que revelaron irregularidades en el traspaso de recursos a fundaciones.
En diciembre de 2024, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, fue la siguiente en enfrentar un libelo. Se le cuestionó su gestión en seguridad pública y migración, pero la acusación no prosperó.
Posteriormente, la ofensiva se dirigió contra la exministra de Defensa, Maya Fernández Allende, a raíz de la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Este último intento también fue rechazado por el Congreso.
