El fallo del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucionales cuatro artículos del proyecto Escuelas Protegidas, fue recibido con entusiasmo por la oposición, que celebró la medida y llamó al gobierno a reflexionar sobre su agenda «ideológica» en materia de educación.
Los artículos cuestionados por el tribunal son la facultad policial para revisar vestimentas y mochilas de estudiantes en colegios sin orden de un fiscal, la prohibición de vestimentas con apología a la violencia, sanciones para quienes interrumpan las clases, y la pérdida de gratuidad universitaria para aquellos condenados por violencia.
Para la diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del Partido Comunista (PC) e integrante de la comisión de Educación, «esto es un antecedente que le hacemos ver al Gobierno, no solamente en materia de educación».
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«Piénsenla dos veces cuando estemos discutiendo el Registro Nacional de Vándalos, porque van a declararle inconstitucional la pérdida de la PGU y la pérdida de la gratuidad. Piénsenlo en la modificación del SAE a propósito de los mecanismos de priorización a aquellos estudiantes que no estarían condenados por temas de convivencia educativa», advirtió.
Añadió que «en estos momentos hay un grave error por parte del gobierno. Está ingresando normas inconstitucionales al Congreso Nacional, y como se han aprovechado de la mayoría relativa que tienen, lamentablemente, en estos momentos desde el tribunal les están dando un portazo».
Desde la misma tienda política, el diputado Marcos Barraza (PC) dijo que el fallo «confirma lo que advertimos desde el inicio: la seguridad escolar no puede construirse vulnerando derechos fundamentales».
«La convivencia escolar requiere respuestas serias, pero criminalizar a estudiantes no fortalece la escuela ni mejora la seguridad. Las familias necesitan soluciones eficaces, no proyectos que terminan siendo corregidos por el propio Tribunal Constitucional», recalcó.
«LO ADVIRTIERON ESPECIALISTAS»
También desde el PC, el diputado Luis Cuello (PC) dijo que «estamos muy satisfechos, porque a partir del requerimiento que hemos presentado desde la Cámara de Diputadas y Diputados se le ha puesto freno a una ley que tiene una inspiración autoritaria y se ha defendido el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos»
Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) afirmó que «lo advirtieron especialistas y académicos, investigadores en materia de educación. Se les señaló que un proyecto de estas características no iba a resolver los problemas en materia de violencia».
«Hoy día, cuando se presenta una modificación al Sistema de Admisión Escolar, lo que le queremos decir al gobierno es que, por favor, detenga esta agenda, que no resuelven nada los problemas educacionales, y que, además, el Tribunal Constitucional le ha señalado, vulnera principios constitucionales fundamentales, como el derecho a la educación, a la privacidad y a la honra de cada estudiante de nuestro país», añadió.
La diputada Emilia Schneider (FA) sostuvo que con la propuesta sobre Escuelas Protegidas y que el TC declaró inconstitucional en cuatro artículos, «quien sale perdiendo son las escuelas, los liceos, los colegios de nuestro país, las comunidades educativas, que requieren una respuesta en serio para combatir sus problemas y sus necesidades».
«La ministra no quiso escuchar, nos dio un portazo, y quedó en evidencia que, tal como señalamos, este proyecto es un retroceso y una pérdida de derechos para niños, niñas y sus familias, para las y los estudiantes», aseveró.
Recalcó, también, que «el llamado que hacemos a la ministra es a recapacitar, a terminar con este extremismo ideológico, y, de una vez por todas, ponernos a trabajar por Chile».
SUGIEREN CAMBIO DE EQUIPOS
A través de X (exTwitter), el diputado Gonzalo Winter (FA) cuestionó que «tuvieron que esperar que el TC les recordara los límites de la Constitución, cuando pudieron haber participado de un debate serio y construir una legislación útil para las comunidades educativas».
Desde la Democracia Cristiana (DC) el diputado Héctor Barría (DC) llamó «al ministerio de Educación a que hagan cambios de sus equipos, no de la ministra ni de los subsecretarios, pero creo que detrás de los ministerios hay asesores que actúan totalmente ideologizados, que no quieren escuchar a los expertos, que no quieren escuchar a otras voces, que quieren sacar las cosas a la rápida».
Paea el diputado José Montalva (PPD), en tanto, «estamos de acuerdo con el fondo de este proyecto, más disciplina, orden y, sobre todo, seguridad en los establecimientos escolares. Pero eso no significa que legislemos mal. Nosotros lo dijimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, este proyecto debía verse en particular porque había preceptos que podían reñirse con la Constitución, y eso iba a afectar a la comunidad educativa a la hora de llevar a ejecutar esta norma».
ARZOLA: MAS ADELANTE QUE ANTES DE LA LEY
Durante la mañana, la ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo en radio Infinita que “nuestro objetivo sigue siendo el mismo”.
«Vamos a estar atentos a cuando salga el fundamento de la sentencia, de tal manera de ver cómo proceder si es que hay otra manera, hay alguna acción adicional que podamos tomar», afirmó. La acciones, sostuvo, dependerán de los «fundamentos».
Destacó que la «ley, en el fondo, tiene bastantes disposiciones, tiene distintas herramientas, que lo que buscan es enfrentar los problemas de inseguridad, dar más facultad a los docentes».
«Otra disposición de esta ley tiene que ver con incorporar más filtros a las denuncias por convivencia que se realizan a la Superintendencia, que hoy día representan una sobrecarga significativa sobre los equipos escolares y, por tanto, ahí también vemos que son avances que ya tenemos asegurados», enfatizó.
Estos, dijo, «no se fueron al TC y, por tanto, si lo puedo decir de alguna manera, de todas maneras estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley, y aquellas materias que se han objetado vamos a ver cómo avanzar una vez que estén los fundamentos».
