El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) pasó a ser el escenario decisivo donde la oposición busca concretar la destitución del gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago desestimara de forma unánime el desafuero solicitado en su contra en el marco del caso ProCultura. Con ese revés judicial, la ofensiva política y administrativa de la derecha quedó prácticamente concentrada en una sola vía: lograr que prospere la solicitud de cesación del cargo ante el máximo órgano electoral.
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La resolución del tribunal de alzada no solo significó un golpe para el Ministerio Público, sino que también dejó a Orrego en una posición más favorable, al acercarlo a un eventual sobreseimiento en la arista penal. Sin embargo, para la oposición esto no implica cerrar el capítulo, ya que el foco se trasladó a las responsabilidades administrativas y de probidad, donde sostienen que los antecedentes de Contraloría siguen vigentes y deben tener consecuencias.
La investigación del Ministerio Público se centraba en los traspasos por $1.686 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano hacia la fundación ProCultura durante 2022, entidad liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, detenido a fines de enero. El objetivo era determinar el nivel de participación o conocimiento que habría tenido Orrego en esos movimientos de fondos.
OFENSIVA ANTE EL TRICEL
En paralelo a la investigación penal, la ofensiva ante el Tricel fue activada el 25 de julio, cuando consejeros regionales de la UDI y el Partido Republicano, con respaldo posterior de sectores de RN, ingresaron un requerimiento de más de 100 páginas, firmado por 16 cores, acusando a Orrego de “notable abandono de deberes y faltas a la probidad”. En el texto se apuntan cuestionamientos por presuntas contrataciones directas con vínculos personales, transferencias a fundaciones bajo sospecha y un eventual uso de recursos institucionales con fines electorales.
La base de esa acción se sostiene principalmente en informes de la Contraloría General de la República, que detectaron posibles irregularidades administrativas. Entre los puntos más sensibles se encuentra la contratación de un servicio de coaching, que según la oposición habría tenido un objetivo asociado a la campaña, pese a que formalmente se justificó como parte del apoyo a la gestión institucional.
Ese servicio fue contratado por $31.366.179 con la empresa Vera y Asociados S.A., mediante trato directo. Aunque el Gobierno Regional argumentó que se trataba de una asesoría técnica, Contraloría sostuvo que el contenido revisado presentaba un carácter político-electoral, lo que abrió un flanco clave para la acusación de falta a la probidad.
LO QUE VIENE
Abogados ligados a la derecha, entre ellos los gremialistas Máximo Pavez y Pablo Toloza, además del republicano Emiliano García, impulsaron la causa. Según Toloza, el término probatorio ya concluyó y el tribunal debe ahora incorporar el caso a tabla para iniciar los alegatos ante el Tricel, lo que, de manera preliminar, podría ocurrir en marzo debido a la carga del tribunal
Sin embargo, el avance de la ofensiva, según lo publicado por La Tercera, enfrenta un nuevo problema: los abogados patrocinantes deberán dejar sus roles, debido a que asumirán cargos en el próximo gobierno. Pavez llegará como subsecretario del Interior, García asumirá funciones en la Segpres, y se anticipa que Toloza también podría integrarse al Ejecutivo. Esto obliga a reorganizar la estrategia jurídica y traspasar el control del caso a nuevos representantes.
De hecho, los consejeros regionales habían solicitado que fuera Pavez quien asumiera personalmente los alegatos, considerando su experiencia litigante y su participación previa en acciones ante el Tribunal Constitucional, como el requerimiento que terminó con la destitución de la exsenadora Isabel Allende. Pero el nuevo escenario político alteró esos planes y ahora se busca quién continuará el tramo final del proceso.
FALLO DE LA CORTE INCREMENTÓ PRESIÓN
Al interior de los cores impulsores admiten que el fallo de la Corte de Apelaciones incrementó la presión, ya que el Tricel quedó como la última herramienta concreta para establecer responsabilidades políticas y administrativas derivadas del caso ProCultura.
Tras conocerse la decisión judicial, los consejeros emitieron un comunicado subrayando que el rechazo al desafuero no elimina los hechos establecidos por Contraloría ni las faltas graves a la probidad que, a su juicio, configuran abandono de deberes. Según señalaron, el fallo solo apunta a la ausencia de dolo penal, pero no descarta irregularidades administrativas ni omisiones de control que serían suficientes para justificar la destitución.
Aun así, los promotores del requerimiento sostienen que mantienen confianza en el resultado final y en que el Tricel pueda avanzar hacia una resolución que marque un precedente político relevante.
DECLARACIONES DE TESTIGOS
Los avances más recientes en la causa han estado marcados por la declaración de testigos vinculados al Gobierno Regional, en un proceso donde ya han comparecido alrededor de una decena de personas consideradas clave.
Entre ellas destacó la declaración de Alberto Larraín, quien respaldó a Orrego y aseguró no haber intervenido en los traspasos de dinero. También declararon el administrador regional Manuel Gallardo y la asesora del gobernador Lorena Pohl, entre otros funcionarios y actores internos del Gore.
Mientras tanto, la defensa de Orrego, encabezada por el abogado Ciro Colombara, ya presentó su contestación formal al requerimiento y además interpuso recursos de reposición respecto de algunas pruebas incorporadas al expediente. Desde la contraparte insisten en que la causa se sostiene en hechos objetivos detectados por Contraloría, sumados a desorden administrativo interno, y recalcan que la defensa no ha logrado, según ellos, desvirtuar el fondo de los cuestionamientos.
Con el calendario avanzando y el proceso probatorio cerrado, el futuro político de Orrego podría definirse en las próximas semanas, en una disputa donde el Tricel se transforma en el último tablero institucional en el que la oposición apuesta su carta final.
No se construye en política pretendiendo arrasar o borrar del mapa a los adversarios, porque en política se podrá pasar por altos y bajos, pero nunca se muere. Al menos, eso no les pasa a quienes hacen de esta tarea su vida. El caso del gobernador @Orrego es claro: Aguantó… pic.twitter.com/XtpMhRY8pT
— Joel Olmos Espinoza (@joelcisternino) February 17, 2026
