El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, salió al paso del informe aprobado este martes por la Cámara de Diputados sobre los convenios suscritos entre el Estado y la Fundación ProCultura, liderada por Alberto Larraín.
El texto, elaborado por una comisión investigadora, atribuye a Orrego una “responsabilidad particularmente significativa” en la entrega de más de $1.600 millones a la fundación mediante el programa “Quédate”.
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Según la comisión, dicha asignación se habría hecho de forma “acelerada y sin el debido respaldo técnico-administrativo”, en un contexto de vínculos previos entre Orrego y Larraín, lo que -según el informe- debió haber motivado una inhabilitación administrativa por parte del gobernador, lo que no se habría realizado adecuadamente.
EL DESCARGO DE ORREGO
La respuesta de Orrego fue categórica: “Respecto de los puntos de la Región Metropolitana, tiene errores de hecho profundos que lo invalidan”.
En declaraciones públicas, la autoridad regional aseguró que el informe contiene afirmaciones falsas, como que habría contratado directamente a Alberto Larraín.
“Eso es absolutamente falso. Larraín fue nominado por el Consejo Regional como parte de una terna junto a Mónica Zalaquett y Carolina Tohá para integrar el directorio de la Corporación de Desarrollo Regional. No fue un contrato, ni había remuneración. Es muy distinto a lo que plantea la comisión”, puntualizó.
Asimismo, Orrego descartó irregularidades en la rendición del proyecto “Quédate”. El informe sostiene que habría “una rendición insuficiente de aproximadamente mil millones de pesos”, pero el gobernador explicó que “se ejecutaron 600 millones, y todas esas rendiciones están presentadas y fiscalizadas.
«El resto de los fondos no fue ejecutado, y si hubo apropiación indebida, es responsabilidad exclusiva de la fundación, no del Gobierno Regional”, agregó.
También negó que se haya utilizado un “mecanismo exprés” para aprobar el programa de prevención del suicidio. Según el Gore, el proyecto fue tramitado en cinco meses, dos más que el promedio de iniciativas similares.
Orrego insistió en que el informe debió haber establecido correctamente los hechos antes de emitir juicios políticos: “Cuando los hechos están mal, las conclusiones carecen de valor”.
