En medio de la ofensiva de las asociaciones de funcionarios del Congreso, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), decidió no retroceder y utilizó sus redes sociales para defender su propuesta de regular los “supersueldos” administrativos, un proyecto que —más allá de su contenido técnico— apunta a marcar un punto político: instalarse como impulsor de una agenda de austeridad y desconexión de los privilegios de la elite parlamentaria.
“NO SE PUEDE VIVIR EN UNA REALIDAD PARALELA”
En un mensaje publicado en Instagram, Ossandón subrayó que la iniciativa no afectará a los funcionarios actuales, sino a futuras contrataciones. “Lo que estamos haciendo es crear una nueva planta funcionaria, con remuneraciones distintas para quienes lleguen en el futuro, no para los actuales trabajadores. Es importante que los funcionarios entiendan que no pueden vivir en una realidad paralela al resto de los chilenos”, escribió el líder de la testera, en alusión a remuneraciones que en algunos casos superan los $18 millones mensuales, por sobre la dieta presidencial.
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El senador también advirtió que “mantener la estructura actual es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar”, apelando a la necesidad de anticipar reformas antes de que el sistema colapse por presión social o fiscal.
UN REDISEÑO ESTRUCTURAL CON SELLO POLÍTICO
El proyecto propone que las plazas con salarios superiores al del Presidente de la República —$5,7 millones líquidos— pasen a una planta de extinción, sin reemplazos con las mismas condiciones una vez que los funcionarios renuncien, jubilen o fallezcan. En su lugar, se abrirían cupos en una nueva planta con topes salariales alineados a la autoridad máxima del Ejecutivo.
Aunque Ossandón argumenta que se trata de una medida “de sentido común” y que recoge principios de austeridad, desde la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional (Fedecon) acusan que la propuesta fue elaborada sin asesoría jurídica especializada, con falencias técnicas y sin considerar las particularidades del trabajo parlamentario. Además, sostienen que “quiebra las confianzas” con el personal legislativo.
PROYECCIÓN MÁS ALLÁ DEL CONGRESO
En un gesto que busca desactivar parte de las críticas, Ossandón recogió uno de los emplazamientos de los funcionarios y apuntó a extender los controles a otras entidades públicas: “Coincido con ellos en que también hay que intervenir otros órganos del Estado, como por ejemplo el Consejo de Defensa del Estado o el nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que tienen sueldos desproporcionados a la realidad del resto de la administración pública”.
Este giro abre la puerta a que Ossandón traslade la discusión sobre privilegios salariales más allá del Congreso, posicionándose como portavoz de un debate incómodo en el aparato público, y alineándose con un discurso de eficiencia y austeridad que ha ganado espacio en sectores transversales.
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