La tensión que se venía gestando en el Congreso por la ofensiva del presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), contra los llamados «supersueldos» de funcionarios legislativos, escaló este martes, marcando el «inicio de hostilidades», como se definió en tono bélico.
El senador entregó al Presidente Gabriel Boric el borrador de un proyecto elaborado por su equipo, que busca establecer límites a las altas remuneraciones en la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
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Sin embargo, la propuesta generó rechazo inmediato: tres asociaciones de funcionarios difundieron una declaración conjunta manifestando su desacuerdo con la iniciativa.
Pese a las críticas, Ossandón mantiene su plan, que requiere del respaldo del Ejecutivo, ya que involucra reformas a servicios públicos y un eventual gasto fiscal, materias que son atribución exclusiva del Presidente de la República.
CASOS
Según los antecedentes recopilados por el equipo del senador, 181 funcionarios del Poder Legislativo perciben sueldos superiores al del Presidente Boric, lo que representa un 17,8% del total de trabajadores de la Cámara, el Senado y la BCN.
Actualmente, el Mandatario recibe una remuneración bruta de $7.033.974 —equivalente a $5.754.469 líquidos—, mientras que la dieta parlamentaria asciende a $7.348.983 brutos, con variaciones según el sistema previsional.
Del total identificado, 47 funcionarios duplican el salario del Presidente. En el desglose: 2 ganan alrededor de $17,57 millones; 6 reciben $15,24 millones; 2 alcanzan $15,16 millones; 37 perciben $14,34 millones; 26 ganan $11,19 millones; 55 llegan a $9,25 millones y 53 alcanzan $8,11 millones.
Otro grupo, compuesto por 97 trabajadores, percibe $6,9 millones, un monto cercano a la remuneración presidencial. En promedio, los 1.016 funcionarios del Congreso ganan $5,8 millones brutos y $4,24 millones líquidos. En contraste, el sueldo más bajo detectado es de $911.313 brutos ($764.131 líquidos).
REDUCIR SUELDOS
El senador aclaró que su propuesta no busca reducir los sueldos actuales, ya que eso vulneraría derechos laborales adquiridos.
«Hemos hecho un análisis de todo. Pero lo primero que quiero aclarar es que esto no es contra los funcionarios, ni quiero bajar el saldo a nadie. Sino simplemente darle sustentabilidad a esto en el tiempo. Aquí el chancho está mal pelado, porque además hay un número muy importante de gente en el Congreso que gana muchísimo menos y hay que preocuparse de ellos», señaló Ossandón.
Para resolver la desigualdad salarial, plantea crear una «Planta de extinción» para los cargos con altos sueldos, que desaparecerían gradualmente cuando los ocupantes se jubilen, renuncien o fallezcan. Los nuevos cupos se llenarían con personal bajo una escala salarial ajustada a criterios de austeridad, sin exceder el salario del Presidente de la República.
ASOCIACIONES EN ALERTA
El proyecto enfrenta resistencia entre algunos senadores y organizaciones de funcionarios, que dudan de su viabilidad durante la actual presidencia de Ossandón en la Cámara Alta. Las asociaciones sostienen que no es justo comparar los ingresos de autoridades con mandatos limitados con los de trabajadores con décadas de trayectoria.
«El borrador del proyecto de ley presentado por la Presidencia del Senado realiza comparaciones erradas sobre funciones públicas diferentes -la función política y la profesional del Estado… La publicidad efectuada por la Presidencia sobre el borrador que se nos hiciera llegar no se sujeta al mecanismo de trabajo acordado… ha ocasionado un debilitamiento de las confianzas necesarias que deben existir en las relaciones bilaterales entre las asociaciones y la autoridad política de la corporación», expresaron en su declaración las tres asociaciones del Senado tras reunirse en asamblea.
En tanto, los diputados decidieron postergar la designación de representantes para una comisión bicameral que evaluaría la reforma, hasta después de las elecciones parlamentarias, lo que provocó molestia en Ossandón.
Además, el senador enfrentó otro revés la semana pasada, cuando no se logró votar una modificación al reglamento que buscaba impedir la entrega discrecional de bonos a funcionarios. La iniciativa, impulsada a solicitud del jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, no se trató por falta de quorum, ya que varios legisladores se encontraban en la comisión mixta de Presupuesto. Molesto por la situación, Ossandón dio por finalizada la sesión.
