El diputado de republicanos Juan Irarrázaval y siete consejeros regionales (cores) recurrirán mañana en Contraloría contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
Según los requirentes -que incluyen a Víctor Valdés, Jaime González, Carlos Tellería, Edith Aedo, Nicole Aguilera, Pedro Pablo Herreros y Javier Ramírez-, la administración no ejecutó $ 45.193 millones del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional (Fatcon), que está establecido por ley y cuyo financiamiento es entregado a través de la Ley de Presupuesto.
No es la primera arremetida de este tipo contra la autoridad regional. A ellas se suma además la solicitud ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para su destitución.
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De acuerdo con la legislación, el Fatcon puede ser utilizado únicamente para procesos de renovación de autobuses, taxis, colectivos o minibuses de zonas rurales, así como también de la infraestructura destinada al transporte público y a proyectos de inversión en la materia.
«LA LEY ES LA LEY»
La denuncia de los republicanos asegura que Orrego no lo habría ejecutado y, además, buscaría cambiar los tipos de proyectos a los que se puede destinar.
Argumentan que la ejecución de estos recursos “no se encuentra sujeta a la discrecionalidad de la autoridad de turno, según le parezca o no que ella impacta en el financiamiento de iniciativas o proyectos en ejecución o por ejecutarse, ya que dicha conducta se constituye en una flagrante infracción al principio de juridicidad”.
Añaden además que “habiéndose destinado los recursos para una finalidad especifica, dichos montos de dinero deben ejecutarse para lo que fueron dispuestos y no para otros proyectos”.
Según la denuncia ante la Contraloría, la falta de ejecución presupuestaria «configura una omisión a los deberes legales impuestos a la autoridad, en este caso al gobernador regional metropolitano de Santiago”.
“La ley es la ley, y él tiene la obligación de cumplirla. Estamos terminando el año, y se trata de más de $45 mil millones, al menos $2.500 millones por comuna rural anualmente, que podrían ayudar a solucionar gran parte de los problemas que enfrentan estas zonas olvidadas de la región”, dijo en La Tercera el diputado Irarrázaval.
¿QUÉ DICE LA GOBERNACIÓN?
Desde el gobierno regional explicaron que “hasta ahora, no se han ejecutado los recursos del Fondo de Apoyo al Transporte Público y Conectividad Regional debido a cambios legales que restringen su uso solo a proyectos de transporte en comunas rurales, dejando fuera muchas de sus necesidades históricas”.
“Como gobierno regional, hemos planteado esta situación al gobierno central, ministerios, Asociación de Municipios Rurales y la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, solicitando revisar la normativa. Aunque el tema aún no se resuelve, reafirmamos nuestro compromiso: ejecutamos el 100% de sus recursos todos los años y lo haremos también en 2025, con transparencia y responsabilidad”, aseguraron.
