El reciente informe final de la Contraloría General de la República que detectó graves irregularidades en el uso de recursos públicos con fines electorales en seis gobiernos regionales —incluyendo la Región Metropolitana— generó diversas reacciones en el Congreso. Parlamentarios de distintos sectores coincidieron en la gravedad de los antecedentes y emplazaron al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a actuar con celeridad.
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OFICIALISMO RESPALDA FISCALIZACIÓN Y PIDE TRANSPARENCIA
Desde el oficialismo, el diputado Raúl Leiva (PS) sostuvo que “son hechos graves que están en un informe final de Contraloría”, pero recalcó que “cada una de las instituciones observadas tiene el derecho a responder los cuestionamientos”. A su juicio, “esto debe resolverse de buena manera y acreditarse que los recursos fueron bien utilizados. De no ser así, proceden sanciones administrativas, constitucionales e incluso una eventual acusación ante el Tribunal Electoral Regional”.
Leiva subrayó la importancia de respetar la presunción de inocencia, pero también recalcó que “en nuestro país no hay nadie por sobre la ley”. En ese sentido, instó al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a entregar todos los antecedentes necesarios.
UDI ACUSA POSIBLE DELITO Y CRITICA PASIVIDAD DEL CDE
En tanto, el jefe de la bancada UDI, Henry Leal, fue más duro en sus declaraciones. “El informe es muy contundente. Concluye que el gobernador Orrego habría contratado una empresa para realizar tareas del Gobierno Regional, pero que terminó haciendo minutas para su campaña. Eso es usar recursos públicos en beneficio personal, y eso es un delito”, afirmó.
Leal exigió que el Ministerio Público inicie de oficio una investigación penal y cuestionó la pasividad del Consejo de Defensa del Estado. “El CDE no puede actuar con criterios selectivos. Si en otros casos se querella con rapidez, aquí debe hacer lo mismo. No puede mirar para el techo”, sentenció.
LATORRE LLAMA A NO POLITIZAR Y ACTUAR CON FIRMEZA
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) valoró el trabajo de la Contraloría y destacó que la fiscalización busca evitar que “los recursos públicos sean utilizados en el financiamiento irregular de campañas”. Afirmó que el informe debe derivar en una investigación a cargo del Ministerio Público: “Hay que ser claros: caiga quien caiga, de cualquier color político. No se puede permitir el desvío de fondos públicos para fines electorales”.
Latorre recordó que Chile cuenta con una legislación más exigente en materia de financiamiento político, tras escándalos de corrupción del pasado. “Ya no caben las clases de ética. Si se comprueban delitos, deben ser sancionados como corresponde”, concluyó.
El informe de Contraloría ya fue remitido al Ministerio Público, que deberá determinar si existen aristas penales vinculadas al uso de recursos públicos en contextos electorales. Los consejeros regionales también tienen la facultad de recurrir al Tribunal Electoral Regional por eventuales causales de notable abandono de deberes.
📒INFORME DE AUDITORÍA | Auditamos seis GORES sobre gastos en período electoral: Contratos que terminaron en apoyo para campaña electoral, saldos pendientes por rendir y contratos para la gestión de RRSS son parte de las observaciones.
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