Durante la jornada de este martes se realizó la primera audiencia de recepción de pruebas en el marco de la solicitud de destitución del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que realizó un grupo de diputados oficialistas.
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El recurso fue presentado a fines de marzo por los parlamentarios Carmen Hertz (PC), Lorena Pizarro (PC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Marta González (IND), Javiera Morales (FA), Gael Yeomans (FA), Luis Cuello (PC), Jaime Naranjo (PS), Roberto Celedón (FA) y Juan Santana (PS).
Los diputados acusan al fiscal Cooper de negligencia en el manejo del caso Sierra Bella que involucra a la ex alcaldesa del PC Irací Hassler y la causa derivada por supuesto tráfico de influencias en favores a un empresario chino, donde está imputada la diputada PC Karol Cariola.
Esto derivó en un cuestionado allanamiento al domicilio de la entonces, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, a tan solo dos horas de haberse convertido en madre por primera vez.
LA ARREMETIDA CONTRA COOPER
En medio de este contexto, este martes, prestaron declaración el senador Tomás de Rementería (PS), pareja de Karol Cariola y padre de su hijo, y la exalcaldesa Irací Hassler.
Así, sin poder entrar en detalles debido al procedimiento en curso, la exjefa comunal afirmó que fue convocada para relatar su experiencia respecto al manejo y filtración de información privada contenida en el informe 487.
En ese sentido, Hassler aseguró que hubo graves vulneraciones a la privacidad, ya que se difundieron datos íntimos que debían estar protegidos. También, criticó el actuar del fiscal Cooper. Señalando que no se respetaron las instrucciones de la Fiscalía Nacional, y que por ello presentó una querella por violación de secreto de funcionario público.
Respecto al avance del caso Sierra Bella, la exedil indicó que no hay antecedentes en su contra y espera que se cierre pronto.
Y, aunque fue citada como testigo, aclaró que no tiene atribuciones para opinar sobre una eventual remoción del fiscal y que su rol solo fue aportar información y hechos para que se investigue.
LA DEFENSA DE COOPER
Por su parte, el cuestionado fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, declinó entregar declaraciones a la salida de la audiencia. Sin embargo, quien sí lo hizo fue su abogado representante, Matías Insunza. Quien afirmó que las diligencias cuestionadas en el caso Sierra Bella. Como la incautación de teléfonos y computadores, fueron autorizadas por una jueza de garantía, por lo que se ajustan completamente a derecho.
Asimismo, Insunza negó categóricamente que hayan existido filtraciones por parte del fiscal Cooper. Explicando que los informes se mantuvieron en reserva entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. Y que las filtraciones comenzaron tras la entrega oficial a las demás partes del proceso.
En la misma línea, el abogado acusó que la solicitud de remoción podría responder a intereses políticos. Ya que varios de ellos están vinculados directa o indirectamente a los investigados. Y señaló que es inédito que los imputados intenten remover al fiscal a cargo de su caso mediante presiones externas.
También, enfatizó en que las medidas adoptadas por el persecutor contaron con respaldo judicial. Y que no existe reclamo administrativo alguno contra Cooper. Remarcando que se está intentando impugnar decisiones judiciales válidas, como la resolución de la jueza Carla Capelo, que sigue vigente y no ha sido anulada.
LA FIGURA DE COOPER
Según señala la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 53, la Corte Suprema puede remover a los fiscales regionales de la institución a solicitud de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
Cooper se ha vuelto un fiscal incómodo para La Moneda y los partidos de gobierno. Ya que bajo su mando están las principales causas de corrupción que complican al oficialismo.
Además de los casos Sierra Bella -la fallida compra de la ex clínica que intentó realizar la Municipalidad de Santiago por $8.200 millones- y el llamado caso Chinamart. Cooper también está a cargo de investigar posibles ilícitos en el intento del gobierno por comprar la casa del ex Presidente Salvador Allende. Asunto por el cual perdieron sus cargos la exsenadora PS Isabel Allende y la exministra de Defensa PS Maya Fernández, ambas imputadas.
Pero además, es el fiscal que tomó en junio de 2024 el caso ProCultura. Las transferencias del Estado de $6 mil millones a la fundación creada por el psiquiatra Alberto Larraín, quien era cercano al FA y al Presidente Boric.
