Este viernes, el Partido Comunista (PC) cuestionó a las instituciones del Estado, acusando una «evidente desigualdad política y judicial» en el trato que, según la colectividad, ha recibido el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
A través de un comunicado publicado en redes sociales, el PC advirtió que el caso del dirigente representa «una vulneración directa del principio de igualdad ante la ley y del derecho a la participación política».
Junto con ello, denunció que el Servicio Electoral (Servel) aún no responde la solicitud ingresada el 10 de octubre para reincorporar a Jadue al padrón electoral, pese a que ya no existe impedimento judicial para ello.
El requerimiento se presentó dos días después de que el 8 de octubre quedara sin efecto el cierre de la investigación penal en su contra, hecho que, a juicio del Partido Comunista, «ratifica que conserva plenamente sus derechos ciudadanos».
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PC ABORDA SITUACIÓN DE JADUE
A 14 días de ese trámite, y tras tres gestiones presenciales realizadas por el abogado patrocinante del exalcalde, el partido expresó su «profunda preocupación por el silencio del Servel», afirmando que la falta de respuesta «afecta el ejercicio democrático de los derechos políticos de cualquier ciudadano».
En su comunicado, el PC fue más allá, asegurando que la situación de Jadue revela «una justicia desigual» y un «trato diferenciado» frente a otros casos de figuras públicas que, incluso con procesos judiciales abiertos, han podido participar en elecciones.
«Mientras algunos candidatos enfrentan juicios en curso y mantienen sus derechos políticos intactos, a nuestro compañero se le impide hacerlo sin condena alguna», señala el texto.
Asimismo, el partido insistió en que este escenario vulnera el principio de presunción de inocencia y sienta «un preocupante precedente de discriminación política» hacia sectores populares y dirigentes que promueven proyectos de transformación social.
Finalmente, el PC llamó a las instituciones del Estado a actuar «con celeridad, objetividad y sin sesgos políticos». «Rechazamos categóricamente esta doble vara. Exigimos que las autoridades apliquen la ley de forma igualitaria, sin privilegios ni persecución», puntualizó la misiva.
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