El caso Chinamart suma nuevos antecedentes tras la entrega de un informe de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI al Ministerio Público. El documento, de 94 páginas, no solo detalla las gestiones realizadas por la senadora Karol Cariola en favor del empresario Emilio Yang, sino que instala un elemento central: dichas acciones habrían operado fuera de los canales administrativos habituales.
El análisis policial reconstruye comunicaciones, reuniones y declaraciones que evidencian un vínculo directo entre la parlamentaria, el empresario y funcionarios municipales, lo que permitió abrir procedimientos que ya habían sido previamente cerrados por el Concejo Municipal.
INTERVENCIONES DIRECTAS Y GESTIONES EXCEPCIONALES
Según el informe, la entonces diputada contactó de forma directa a funcionarios municipales para consultar y activar mecanismos que permitieran revertir la no renovación de una patente de alcohol vinculada a Chinamart. Estas acciones incluyeron comunicaciones vía WhatsApp y solicitudes de revisión administrativa, consideradas inusuales por los propios involucrados.
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A partir de estas gestiones, la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, instruyó revisar antecedentes y explorar alternativas administrativas, lo que derivó en la activación de procesos excepcionales. Aunque la decisión final del Concejo no se modificó, la PDI concluyó que las intervenciones generaron una prolongación del trámite más allá de los procedimientos regulares.
NUEVAS ARISTAS: VÍNCULOS Y REVISIÓN FINANCIERA
El informe también abre interrogantes sobre la relación entre la parlamentaria y el empresario. Si bien Cariola declaró no haber recibido beneficios por sus gestiones, reconoció haber recibido regalos, lo que llevó a los investigadores a recomendar el análisis de sus cuentas bancarias.
Hasta ahora, no existe información suficiente para confirmar o descartar eventuales flujos económicos asociados a las gestiones. No obstante, la PDI sí identificó pagos de arriendo realizados por la senadora a una empresa vinculada a Yang, lo que refuerza la necesidad de profundizar en la dimensión financiera del caso.
Con estos antecedentes, el Ministerio Público suma nuevas líneas investigativas en una causa que sigue escalando y que podría redefinir responsabilidades en torno a eventuales gestiones indebidas dentro de la administración pública.
