El Sindicato de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, junto con otros pescadores y mariscadores, presentó una querella en contra de la Ministra de Medioambiente, María Eloísa Rojas C., y otras autoridades del Comité de Ministros.
La denuncia es por los delitos de desacato y falsificación ideológica, debido a la falta de cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental (1TA) del 9 de diciembre de 2024, que favoreció la reclamación de Andes Iron SpA, titular del Proyecto Dominga.
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Marcelo Castillo Sánchez, representante de los pescadores, calificó la situación como un precedente inédito en la institucionalidad ambiental chilena.
“Desde 1994, es la primera vez que un Comité de Ministros, conformado por seis ministros de Estado, no cumple con un fallo del Tribunal Ambiental, quebrantando la sentencia y el Estado de Derecho. Esto implica no solo una responsabilidad administrativa, sino también penal y una posible acusación constitucional», señaló.
El Código Penal establece que el desacato, entendido como desobediencia a una orden judicial, conlleva penas de reclusión de entre 541 días y 5 años.
En tanto, la falsificación ideológica, que implica insertar declaraciones falsas en documentos públicos, puede acarrear hasta 6 años de cárcel y 365 días de multa.
INCUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE MINISTROS
El Comité de Ministros, en su sesión del 10 de enero de 2025, no cumplió con las condiciones que impuso el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó nuevamente resolver el proyecto Dominga.
El tribunal constató este incumplimiento en su resolución del 17 de febrero de 2025, dejando sin efecto varios puntos clave de la Resolución Exenta N° 20259910145.
Asimismo, Castillo, denunció la actuación gubernamental como “dictadura ambiental” y sostuvo que la negativa al proyecto responde a compromisos políticos del Presidente Gabriel Boric más que a razones técnicas o legales.
“Nunca antes se había visto el uso de todo el aparato estatal para rechazar, sin fundamento legal, un proyecto que ha cumplido con todas las normativas ambientales y ha superado las instancias judiciales”, afirmó.
IRREGULARIDADES
Entre los cuestionamientos principales de la querella destacan:
- La resolución del Comité de Ministros fue emitida fuera del plazo legal, que vencía el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, la Resolución Exenta N° 20259910145 fue dictada recién el 14 de enero de 2025.
- El Comité fue integrado por ministros subrogantes que no garantizaban imparcialidad, dado que dos de ellos habían expresado previamente posturas contrarias al proyecto.
