Política

Piden 18 años de cárcel e inhabilidad para Jadue

Cristian Navarro H.

Periodista

Jadue
Foto: Agencia Uno
Jadue enfrenta cargos por fraude al Fisco, estafa, cohecho y delito concursal, todos vinculados a su gestión como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

La Fiscalía Regional Centro Norte presentó una acusación de alto impacto contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco del caso Farmacias Populares. El Ministerio Público no solo solicitó penas que, en conjunto, superan los 18 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, sino que también anunció un extenso despliegue probatorio para el juicio oral.

El escrito, firmado por la fiscal Giovanna Herrera y el fiscal regional Xavier Armendáriz, detalla que se presentarán 319 testigos, 21 peritos, 783 documentos y 134 pruebas adicionales para respaldar la acusación, cuya audiencia de preparación quedó fijada para el 3 de septiembre en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

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ACUSACIONES MÚLTIPLES

Jadue enfrenta cargos por fraude al Fisco, estafa, cohecho y delito concursal, todos vinculados a su gestión como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). La fiscalía sostiene que, junto a otros imputados, desvió recursos, infló remuneraciones y vendió bienes de manera fraudulenta, causando un millonario perjuicio al patrimonio municipal.

El expediente describe, entre otros hechos, la compra de insumos por más de $1.500 millones que nunca fueron comercializados como estaba previsto, la venta irregular de prótesis auditivas y glucómetros, y la recepción de beneficios indebidos, incluidos productos que habrían llegado a una sede del Partido Comunista.

OTROS IMPUTADOS CON PENAS AÚN MAYORES

La causa también involucra a exdirectivos y funcionarios de Achifarp, como José Muñoz, para quien la fiscalía pide más de 25 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por delitos que incluyen malversación y lavado de activos.

El Ministerio Público acusa que la red operó de forma coordinada para sustraer fondos, ocultar bienes durante la liquidación de Achifarp y transferir recursos a terceros para encubrir su origen.

Con la magnitud de las pruebas anunciadas y la diversidad de delitos imputados, el juicio se proyecta como uno de los procesos más extensos y mediáticos en la historia reciente de la justicia chilena.

 

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