Después de que un informe de la Contraloría General de la República revelara que en 10 casos de personas beneficiadas con pensiones de gracia en el contexto del estallido social no se presentaron antecedentes médicos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a respaldar esta tarde que «ni en la ley, ni en la glosa 12, ni en el reglamento se estableció que tenían que presentar antecedentes médicos», sino que «habla de afectación».
«Dice afectación. Cada una de las personas que recibieron la pensión de gracia del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tenía un certificado, y ese certificado decía que esa persona tenía una afectación en el marco de un estallido social», aseguró.
Lo cierto es que la glosa 12 de la Ley de Presupuesto del año 2022 -que regula el procedimiento para otorgar estos beneficios- efectivamente solo hace mención de «afectación», lo que implicaría que sería lo único necesario para acreditar dichos daños: «Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, conforme a lo establecido en la ley N°18.056″.
Sin embargo, Monsalve omitió mencionar una resolución exenta sobre el procedimiento para conceder el beneficio, firmada el 4 de enero de 2022 por el entonces subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Esta normativa, complementaria a la glosa, lo contradice.
DOCUMENTO
El documento exige que para postular a la pensión de gracia se debe presentar una ficha de solicitud, consentimiento informado, antecedentes legales, certificado de acreditación de afectado «en el contexto de manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, firmados por la autoridad que representa a la institución que lo postula»; y finalmente, los antecedentes médicos del solicitante.
En detalle, se requieren los «datos de atención de urgencia, informes del Servicio Médico Legal, u otros que permitan acreditar la calidad de afectado».
Esta resolución fue presentada por Monsalve ante la comisión investigadora sobre este tema de la Cámara de Diputados.
