Política

Polémica por beneficios a condenados por DD.HH

Cristian Navarro H.

Periodista

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Foto: Generado con IA
Exdirectivas del Programa de Derechos Humanos acusaron que el Ministerio de Justicia instruyó no intervenir en causas donde condenados por violaciones a los derechos humanos buscan libertad, rebajas de pena o arresto domiciliario.

Una fuerte polémica se abrió tras la denuncia pública de exdirectivas del Programa de Derechos Humanos, quienes acusaron que el Estado dejó de oponerse judicialmente a solicitudes de beneficios penitenciarios presentadas por condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

Según el documento firmado por Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano,  publicado por El Mostrador, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, habría instruido, por medio de la jefatura del Programa, que los abogados estatales no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cambios en la forma de cumplimiento de condenas.

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Las autoras sostienen que esta decisión contradice el protocolo vigente del Programa de Derechos Humanos, firmado en 2017, que establece la obligación de intervenir y apelar cuando resoluciones judiciales generen sensación de impunidad o afecten a familiares de víctimas.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Entre los casos mencionados figura el de César Manríquez, exjefe de inteligencia de la DINA, condenado por secuestros calificados en la Operación Colombo. Según el texto, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso para revisar su situación mental, mientras el Programa no apeló pese a informes que advertían una eventual simulación.

También se menciona a Héctor Osses Yáñez, exoficial de Carabineros condenado por desapariciones y homicidios, y a Jorge Camilo Mandiola Arredondo, exjefe regional de la CNI en Concepción, quien pidió arresto domiciliario por razones de salud. En este último caso, la jefatura del Programa habría desistido de alegar ante la Corte de Apelaciones.

RECLAMO DE FAMILIARES

Las denunciantes afirmaron que estas decisiones no fueron informadas a familiares de víctimas y que los abogados debieron acatar instrucciones sin explicaciones públicas. A juicio de las exautoridades, se trata de un “vaciamiento” del rol institucional que debía velar por verdad, justicia y reparación.

 

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