La Fiscalía Regional de Atacama presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador regional, Miguel Vargas (IND-PS), por un presunto delito de abuso sexual denunciado por una funcionaria del organismo.
El 9 de mayo el Servicio Nacional de la Mujer presentó la acusación y la causa se mantuvo en carácter de secreta.
Ahora el fiscal regional, Juan Andrés Shertzer, explicó que una vez recepcionada la denuncia se realizaron distintas diligencias investigativas con el apoyo de personal especializado de la PDI, «desarrollándose un trabajo objetivo y serio que permitió reunir antecedentes y medios de prueba que condujeron a la necesidad de requerir el desafuero ante el máximo Tribunal de la región, procedimiento previo para poder continuar con la persecución penal, solicitar medidas cautelares personales y eventualmente deducir acusación».
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Agregó que el Ministerio Público «ejecutó diversas diligencias de manera reservada y solicitó distintas acciones indagatorias, además de mantener contacto permanente con la víctima».
«Una vez reunida esa información y someterla al análisis de los fiscales que integran la Unidad de Causas Complejas y de la Unidad Especializada en delitos sexuales, se adoptó la determinación de solicitar el desafuero ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. Como institución hemos procurado la protección integral de la afectada, junto con mantener bajo resguardo todo el contenido de esta causa evitando cualquier tipo de filtración», recalcó.
El paso siguiente es la solicitud de desafuero del gobernador, que es lo que ahora sucedió.
«ENCUENTRO PERSONA Y VOLUNTARIO»
La defensa del gobernador está a cargo del abogado Patricio Pinto, del Estudio Jurídico Atacama.
Este afirmó, a través de un comunicado, que «nuestro representado no ha sido formalizado, ni ha sido citado a declarar por el Ministerio Público. No existe a la fecha solicitud alguna de formalización ni diligencias en curso que comprometan su situación procesal».
Aseguró que «el Gobernador Regional ha puesto desde el primer momento a disposición de la justicia toda su colaboración, manifestando su voluntad de contribuir activamente al esclarecimiento de los hechos».
Aclaró, asimismo, que «la persona denunciante no tiene ni ha tenido relación laboral con el Gobierno Regional, ni ocupa cargo alguno en la administración pública».
Añadió que «no existe entre ella y el Gobernador vínculo profesional, jerárquico ni institucional alguno» y que «nuestro representado rechaza categóricamente cualquier insinuación de conducta coercitiva, violenta o abusiva».
Según el abogado, «el hecho aludido se refiere a un encuentro de carácter estrictamente personal, voluntario, radicado en el ámbito de la vida privada sin implicancias institucionales ni conexión alguna con el ejercicio del cargo».
