La fiscal de Alta Complejidad de Biobío María José Aguayo sumó una nueva formalización por un ilícito diferente a los ya imputados a Camila Polizzi, la protagonista del llamado caso Lencería.
Ella, su expareja Sebastián Polanco y el representante del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Frumisal, Matías Godoy, fueron imputados en el Juzgado de Garantía de Concepción como autores del delito consumados de omisión fraudulenta de declaración de renta anual.
A fines de noviembre de 2023, ya fue formalizada por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos, y desde entonces permanece bajo arresto domiciliario total.
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Todo esto, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en los convenios por $250 millones entre el Gobierno Regional del Biobío y la Fundación En Ti. Era un proyecto de mejoramiento en el sector Barrio Norte de la ciudad penquista que nunca se llevó a cabo y donde, para peor, se justificó gastos con boletas por compras de ropa interior, prendas de prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery.
18 BOLETAS
En la audiencia de formalización esta mañana el magistrado Iohan León Espinoza fijó en 120 días el plazo de investigación respecto a ilícitos que habrían sido perpetrados entre enero y julio de 2023 por Polizzi, Polanco y Godoy.
Según el Ministerio Público, a través de la OTEC estos omitieron presentar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) el formulario 22. Este correspondió a la declaración anual de impuesto a la renta para el año tributario 2024. Eso, pese a que entre enero y julio de 2023 Frumisal facturó $168.549.913, vinculados a 18 boletas y tres notas de crédito. Eso generó un perjuicio fiscal por concepto de impuesto a contribuyentes de primera categoría por un total de $16.660.638.
Además, tampoco presentó el formulario 29, pese a que recibió boletas de honorarios.
