La fiscal Mitzy Henríquez presentó una acusación ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en contra del exalcalde de Ñuñoa Andrés Zahri por fraude al fisco.
El exjefe comunal fue formalizado en febrero de 2024 y hasta la fecha la perseutora se dedicó a investigar los cargos que pesan sobre él.
El origen de todo se ubica en una denucia que presentó su sucesora en el sillón alcaldicio, la actual subsecretaria de Deportes. Emilia Ríos, tras asumir el cargo en 2021.
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En el escrito de la fiscal Henríquez se detallan los ilícitos ocurridos al interior de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. Aparte de Zahri (exRN), involucran a otros tres imputados: Roberto Stern, exdirector del Cesfam Rosita Renard; José Palma, exsecretario de la Corporación, y Ludwig Bornard, exdirector jurídico del organismo.
Todos están acusados de haber alcanzado contratos laborales fuera de norma y que habrían generado perjuicio fiscal.
CLAUSULAS INDEMNIZATORIAS
Como alcalde, desde 2015 Andrés Zarhi también comenzó a ocupar el cargo de presidente de la Corporación de Ñuñoa.
De acuerdo con la Fiscalía, en ese cargo «suscribió y permitió que se suscribieran contratos y anexos de contratos de los Directivos de dicha Corporación, que contenían cláusulas abusivas relativas a la concesión de indemnizaciones a todo evento y sin tope legal».
En específico, la persecutora cuestiona los contratos de cinco funcionarios.
“Las referidas cláusulas indemnizatorias superaban los límites legales y fueron suscritas sin las facultades suficientes, y contraviniendo en forma abusiva los deberes propios de su cargo en cuanto a resguardar el patrimonio de la Corporación, en cuanto le generó un pasivo ascendente a la suma de $190.465.530″, expuso Henríquez.
DÍAS DE VACACIONES
Además la Fiscalía Oriente le imputa al exalcalde de Ñuñoa haber suscrito un finiquito por $44 millones con Palma, donde se le pagaron 108 días feriados cuando le correspondían 37. Esa desvinculación, afirma la Fiscalía, generó un perjuicio a la Corporación de Ñuñoa de $27.653.818 millones.
En total, por los contratos “abusivos” alcanzados por la Corporación encabezada por Zarhi, el ente persecutor le imputa cinco delitos de fraude al Fisco en calidad de frustrados. Mientras que, por la desvinculación de Palma, uno por la misma figura legal, pero consumado.
Las penas que se piden suman diez años y cinco meses de presidio.
Tras presentada la acusación, tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como una defensa, han pedido la reapertura de la investigación. El tribunal fijó para el próximo 12 de junio una audiencia para discutir aquello, publicó La Tercera.
