Son más de 200 las personas independientes que se han inscrito ante el Servicio Electoral (Servel) para buscar patrocinios y convertirse en candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 16 de noviembre. Sin embargo, muchos han cuestionado que los objetivos de la mayoría sea solo un reembolso monetario.
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Es en esta línea que los diputados independientes-PPD, Camila Musante y Jaime Araya, presentaron un proyecto de ley que modifica la ley 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, estableciendo como condición para el financiamiento público de las campañas políticas de candidatos a Presidente de la República, Senadores, Diputados, Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes, y Concejales, que obtengan al menos el 5% de los votos válidamente emitidos dentro de su respectivo territorio.
Según se señala en el texto legal, “hoy es posible identificar con claridad la existencia de verdaderas ‘pymes electorales’, las cuales, impulsadas por un incentivo perverso, promueven candidaturas con la sola finalidad de percibir los reembolsos fiscales contemplados en la ley en virtud de la cantidad de votos obtenidos. Es evidente que esta negativa y nefasta situación es una verdadera afrenta para nuestra democracia, ya que choca con el real sentido de la norma, quita seriedad a los procesos eleccionarios y genera un desincentivo de la ciudadanía hacia la política. Es por ello que consideramos pertinente perfeccionar la norma estableciendo reembolsos fiscales únicamente para aquellas candidaturas competitivas”.
En ese sentido, la diputada Camila Musante, afirmó que este proyecto significa “el fin del negocio presidencial. Llevamos más de 200 candidaturas que aspiran llegar a la Presidencia. Dado los argumentos que hemos escuchado de quienes están juntando firmas para ser candidatos presidenciales, nos parece que no pueden recibir devolución por los votos si no logran un mínimo de representación que alcance el 5% de la votación. Es decir, sin representación no puede haber devolución”.
“Son miles de millones las que se devuelven en un proceso electoral, y creemos que no puede utilizarse de mala manera la figura de la presidencia de la República para alimentar los bolsillos con otras finalidades”, agregó la parlamentaria.
CERCA DE 200 CANDIDATOS INDEPENDIENTES
Por su parte, el diputado Jaime Araya , sostuvo que “ser candidato a cualquier cargo de elección popular no puede transformarse en un lucrativo negocio. Por lo tanto, hemos presentado un proyecto de ley porque nos parece que es una regla básica para cuidar la democracia y la seriedad de nuestras instituciones. No es posible que cerca de 200 personas se hayan inscrito para ser candidato a Presidente de la República. Nosotros creemos que buena parte de ellos está buscando una devolución electoral jugosa, por ejemplo, presentando facturas o boletas de familiares que supuestamente prestarían servicio en sus campañas electorales”.
“Le pedimos al gobierno que le ponga urgencia a este proyecto. Necesitamos recuperar la seriedad de nuestras instituciones, recuperar el prestigio de la Presidencia de la República, y que aquellas personas que realmente tienen un proyecto de país, que tienen una cierta visión de cómo debería ser Chile, tienen derecho a participar. No puede ser esto una verdadera chacota como se ha transformado el ser candidato a presidencial en busca de un reembolso electoral”, concluyó Araya.
Cabe recordar eso sí que para obtener estos dineros los candidatos y partidos deben rendir cuentas detalladas de sus ingresos y gastos de campaña ante el organismo. Una vez aprobada la rendición y los resultados de la elección, recién se autoriza el pago.
