La Presidencia de la República recurrió a la Corte Suprema para que esta declare ilegal una orden del Consejo para la Transparencia (CPLT) que la obliga a entregar copia de correos electrónicos del caso Monsalve.
Específicamente, los intercambiados entre los asesores del Segundo Piso Miguel Crispi Serrano y Carlos Durán Faúndez.
Todo comenzó a fines del año pasado cuando el diputado Tomás Lagomarsino (PR) pidió a través del portal de Transparencia «copias de todos los correos institucionales enviados y recibidos, entre el 14 de octubre y el 18 de octubre de 2024, de don Carlos Durán Faúndez y don Miguel Crispi Serrano».
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Su idea era conocer qué gestiones realizaron al interior de La Moneda por los asesores directos del Presidente Gabriel Boric para encontrar al reemplazante del exsubsecretario.
Como no obtuvo respuesta positiva interpuso un amparo ante el organismo que regula los procesos de acceso a información pública.
El Ejecutivo recurrió ante el propio CPLT y luego ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y en ambos le fue mal.
Esta última rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la Presidencia para dejar sin efecto la decisión de amparo del CPLT, que obliga la entrega de los correos electrónico relacionados con el caso Monsalve.
Ahora la palabra la tendrá la Corte Suprema.
«NO EXISTEN»
El CDE presentó un recurso de queja en contra de las integrantes de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, publicó radio Bío Bío.
Según el escrito, el tribunal de alzada estaría ordenando «entregar correos electrónicos que no existen». Aseveró que luego de una revisión interna de los mails de Crispi y Durán, la Presidencia constató que no existían comunicaciones relacionadas con el caso Monsalve entre los funcionarios.
Este es el mismo argumento que fue desestimado por el tribunal de primera instancia, porque no había sido explicitada en su momento, cuando el caso todavía se mantenía en la sede administrativa.
