A través de un comunicado, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informó que «la mañana de hoy viernes 28 de marzo 2025, S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realizó una declaración voluntaria en el Palacio La Moneda, al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti» en el marco de la fallida operación de compraventa de la que fuera casa de Salvador Allende.
También mediante una declaración pública, la fiscalía sostuvo que «el mandatario prestó la máxima colaboración y contestó todas las preguntas formuladas por el Fiscal Regional de Coquimbo, quien además está apoyado por un equipo para investigar esta causa».
La vivienda ubicada en la comuna de Providencia y que perteneció a quien fuera mandatario de Chile hasta el golpe de Estado de septiembre de 1973, se convertiría en un museo.
El problema surgió debido a que entre los vendores del inmueble figuraban la senadora Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa Maya Fernández, hija y nieta, respectivamente, del fallecido exjefe deEstado. La Constitución prohibe expresamente que quienes detentan ese tipo de cargos firmen contratos con el Fisco.
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Eso es lo que investiga el fiscal Cooper, que tomó declaración al Presidente Boric como imputado, tras una denuncia por vicios en la compraventa de la casa de Allende que presentó en su contra la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el abogado Raimundo Palamara, excandidato constituyente por el Partido Republicano.
«PERMANENTE DISPOSICIÓN»
El comunicado de la Presidencia recalcó que «esta diligencia voluntaria se inscribe en la permanente disposición del Presidente de la República a prestar la colaboración necesaria con la investigación de la fiscalía».
El pasado 14 de marzo en Radio Duna, el fiscal Cooper aclaró que el jefe de Estado «no está obligado a responder porque tiene derecho a guardar silencio».
La declaración de Boric se llevó a cabo en su oficina, en virtud de su derecho como Presidente de la República de fijar el lugar para esta diligencia.
Ya Isabel Allende y Maya Fernández fueron citadas previamente como imputadas. Mientras la senadora se acogió a su derecho a guardar silencio, la exministra declaró el 4 de marzo en dependencias de la Fiscalía Nacional.
