La discusión del Presupuesto 2026 abrió una alternativa inédita para las más de 100 familias de las 139 víctimas del megaincendio ocurrido el 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué.
Durante esta semana, el diputado Hotuiti Teao (ind.-Chile Vamos) y el senador Francisco Chahuán solicitaron al Ejecutivo patrocinar una glosa dentro de la partida de Hacienda que permita asignar recursos especiales al Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el fin de avanzar en un posible acuerdo reparatorio con los afectados.
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La idea surge en medio del creciente malestar que marcó nuevamente la audiencia penal de estos días, la segunda consecutiva suspendida, lo que según los familiares profundiza la “revictimización” que denuncian desde hace casi dos años.
La indicación —que se debatirá este lunes— plantea destinar $34.750 millones, cifra propuesta por el Estudio Jurídico de Felipe Olea, representante de la mayoría de las familias querellantes. El monto considera indemnizaciones proporcionales y la cobertura de atención psicológica, un apoyo que, según los afectados, no ha sido garantizado por el Estado.
GLOSA POR EL MEGAINCENDIO
En conversación con La Tercera, Olea detalló que “la proposición de una glosa presupuestaria surge directamente de las acciones civiles indemnizatorias iniciadas por las familias, fundadas en la falta de servicio del Estado. CONAF y Senapred incurrieron en omisiones que facilitaron la propagación del megaincendio”. Añadió que la solicitud “no es una mera petición económica, sino una vía para que el Estado se adelante a otorgar reparación”, evitando así extensos litigios que, afirmó, representan una “doble exposición procesal” incompatible con la justicia restaurativa.
El abogado también recordó un antecedente: el caso Antuco. “El Estado otorgó reparación directa a las familias sin exigirles años de litigación. Este caso debiera replicar ese estándar”, señaló.
CONGRESO
Olea subrayó que la aprobación de la glosa depende exclusivamente del Legislativo. “Son ellos quienes deben aprobar la disposición presupuestaria. El CDE tiene facultad legal para transar sin sentencia, práctica habitual y respaldada por jurisprudencia de la Corte Suprema”, sostuvo. De prosperar la indicación, el organismo quedaría habilitado para iniciar de inmediato una negociación con los afectados.
Las familias, además, enviaron el 19 de noviembre una carta a parlamentarios de la Región de Valparaíso, donde advirtieron que han debido enfrentar simultáneamente la querella penal y las demandas civiles por falta de servicio contra organismos públicos. En el documento aseguran que esta doble vía “revictimiza” y recuerdan que en la sesión del CDE del 10 de junio de 2025 se aprobaron múltiples transacciones similares.
“Solicitamos considerar una disposición presupuestaria que permita arribar a un acuerdo reparatorio… por una suma total equivalente a $34.750 millones”, indica la carta, firmada por familiares de cerca de 100 fallecidos.
FAMILIAS TRAS EL MEGAINCENDIO
El diputado Teao, quien ha acompañado a los afectados en tribunales, reiteró su llamado al Gobierno: “Vemos cómo los damnificados han sido nuevamente revictimizados. Muchos han pedido permiso sin goce de sueldo para venir a una audiencia que no avanza. Por eso pedimos que el Ejecutivo patrocine esta glosa para financiar los recursos del CDE”.
Para los familiares, la situación ya es insostenible. Carlos Orellana, padre de Anastasia —una adolescente de 14 años que murió en los incendios— expresó: “Esto se ha alargado y es una falta de respeto. El Estado debería haberse hecho cargo y no lo ha hecho. Me prometieron que no nos iban a abandonar y a casi dos años seguimos sin solución”.
Otras víctimas reforzaron la demanda. “Basta ya de sufrimiento”, señaló Viviana Godoy, quien perdió a sus padres. A ello se sumó Noemí Cabello: “Hacemos un llamado para que nos reconozcan como víctimas y se apruebe esta reparación”.
Teao también insistió en otro problema que, según él, sigue pendiente: la necesidad de nueva infraestructura penitenciaria en la región. “Hace años pedimos una cárcel de máxima seguridad para Valparaíso. Somos la tercera región con mayor sobrepoblación penal. Es momento de que nos escuchen”, afirmó.
La glosa será sometida a votación esta semana, en la recta final del debate presupuestario.
