Se reportaron algunas noticias favorables la semana pasada en el Congreso, especialmente para los legisladores de La Moneda. Además de desbloquear los nombramientos del Tribunal Constitucional, las Cámaras Alta y Baja, aprobaron la reforma constitucional que autoriza al Ejecutivo a renovar el estado de excepción constitucional de emergencia en el sur cada 30 días. Esto elimina la necesidad de prorrogar la medida quincenalmente, evitando interrupciones en las vacaciones de febrero para legisladores y ministros, una práctica común en el pasado.
Por primera vez desde 2019, se vislumbra la posibilidad de un extenso receso legislativo de cinco semanas, a menos que haya cambios inesperados en el calendario del Congreso. Sin embargo, todo apunta a que este verano será más apacible, sin nuevas acusaciones constitucionales y sin el frenesí legislativo que suele caracterizar los periodos previos al receso parlamentario.
A pesar de ello, las estadísticas gubernamentales indican que se ha logrado evitar la llamada «sequía legislativa», término utilizado para describir períodos de escasa producción de leyes.
No obstante, la administración del Presidente Gabriel Boric, y en particular del ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), enfrentan el desafío de que los compromisos clave del programa quedarán pospuestos hasta marzo o incluso después.
DERECHOS HUMANOS
La situación más crítica se observa en la agenda de Derechos Humanos, compuesta por cinco propuestas (cuatro parlamentarias y una de La Moneda), anunciada durante la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar.
Aunque el Ejecutivo se comprometió a respaldar cuatro proyectos parlamentarios, hasta ahora no se les ha asignado urgencia ni se han presentado correcciones al texto. Estas propuestas están relacionadas con el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de la dictadura, abordando temas como la desaparición forzada.
La propuesta más controvertida respaldada por La Moneda busca levantar el secreto de testimonios de la Comisión Valech, pero aún no se ha presentado la enmienda que especifica que esto solo ocurrirá con el consentimiento de la víctima o sus herederos.
Además, La Moneda impulsará una iniciativa de hace 20 años para terminar con leyes secretas desde 1900. La única propuesta propia, centrada en proteger sitios de memoria, está en redacción y aún no tiene fecha de ingreso al Congreso.
PROBIDAD
Las irregularidades en la asignación de fondos públicos, resaltadas por el escándalo de la Fundación Democracia Viva el año pasado, llevaron a la agenda de probidad y modernización del Estado.
De las siete propuestas anunciadas en agosto de 2023, solo una se convirtió en ley, la de compras públicas. El proyecto de integridad municipal avanzó, pero las otras cinco iniciativas enfrentan obstáculos: el Servicio de Auditoría está en discusión, la Ley de Transparencia avanza lentamente, el proyecto de beneficiarios finales está en fase inicial, «Regiones Más Fuertes» está estancado, y la reforma a la Ley de Rentas Municipales aún no se presenta.
REFORMAS PARA MARZO
La reforma previsional, estancada en la Comisión de Trabajo de la Cámara, ha retomado votaciones después del último plebiscito en diciembre. Su avance al Senado depende de acuerdos con partidos no alineados. En la Cámara Alta, se prevé nuevamente obstáculos debido al equilibrio de fuerzas.
La reforma de Salud está programada para finales de 2024. Mientras tanto, el Senado avanza en una «ley corta» para evitar problemas con las isapres, buscando su aprobación antes del receso de febrero.
En tanto, la promesa del Presidente Boric de eliminar el CAE o reformar el financiamiento de la educación superior se ha pospuesto para septiembre de 2024.
LITIO Y PACTO FISCAL
La creación de la Empresa Nacional del Litio, originalmente prevista para fines de 2023, carece de una nueva fecha de ingreso. La participación de Codelco en las negociaciones con SQM ha relegado esta iniciativa.
Respecto al «Nuevo Pacto Fiscal», que abarca más de 50 medidas, La Moneda postergará hasta marzo el envío de la parte que modifica el impuesto a la renta.
El 8 de marzo se levanta la restricción constitucional para reintroducir la reforma tributaria, rechazada a principios de 2023. Aunque se había anunciado una insistencia al Senado, la realidad política llevó al gobierno a esperar hasta marzo, cuando solo se requiere mayoría simple en ambas cámaras.
Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha iniciado medidas administrativas y recientemente propuso perfeccionar el sistema de permisos ambientales y sectoriales. A fines de enero, presentará proyectos sobre cumplimiento tributario y regulación de transferencias del Estado a privados.
SEGURIDAD
La agenda de seguridad presenta perspectivas favorables a pesar de algunos desafíos difíciles de superar. Aunque inicialmente no era prioritaria para Boric, la delincuencia, migración irregular y los incidentes en el sur cambiaron el enfoque del Gobierno, liderado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su antecesora, Izkia Siches.
Según las estadísticas gubernamentales, se han promulgado 49 leyes de seguridad desde marzo de 2022, destacando como una de las administraciones más activas en cambios legales en este ámbito.
Simultáneamente, la ministra Tohá y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, acordaron 31 prioridades legislativas de seguridad para el año 2023. Aunque solo completaron 22, se dieron un nuevo plazo hasta el receso de febrero para aprobar al menos dos o tres leyes adicionales.
Los desafíos persisten en torno al nuevo Ministerio de Seguridad, la reforma al Sistema de Inteligencia y la Defensoría de las Víctimas.
