A una semana del inicio del nuevo período legislativo, el Gobierno ha definido sus prioridades para 2025. La reciente aprobación de la reforma de pensiones ha facilitado la relación con la derecha, lo que podría permitir avances en otras materias, especialmente en seguridad.
Este lunes, ministros, presidentes de partido y asesores retoman sus funciones, dando inicio a la agenda política del año. Aunque la planificación para marzo ya está en marcha, las principales prioridades del Ejecutivo comenzaron a perfilarse desde enero.
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Entre los temas destacados se encuentran la eutanasia, la seguridad y diversas medidas económicas.
Desde el Palacio de Gobierno señalaron que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) ha establecido un orden de prioridad para los proyectos, considerando su relevancia y factibilidad en este último año de gestión. En ese contexto, en el Ejecutivo reconocen que una nueva profundización de la reforma de pensiones es poco viable.
ENFOQUE EN SEGURIDAD
Si bien el regreso del gabinete podría modificar algunas prioridades, el Fast Track en la Agenda de Seguridad sigue siendo una meta inalterable.
Fuentes gubernamentales indicaron que existe un interés especial en avanzar en el fortalecimiento del Ministerio Público mediante la creación de la Fiscalía Supraterritorial, además de impulsar la iniciativa que busca rastrear los flujos financieros del crimen organizado y el narcotráfico.
Otras propuestas clave incluyen la Defensoría de las Víctimas, la regulación del uso de la fuerza, el refuerzo de la infraestructura crítica y la modernización de los sistemas de inteligencia.
No obstante, expertos advierten que algunos proyectos enfrentarán dificultades debido a su complejidad. En particular, la reforma a la ley de inteligencia sigue sin consenso con la oposición, lo que podría retrasar su aprobación.
MEDIDAS ECONÓMICAS Y PROBIDAD
Paralelamente, el Ejecutivo impulsará iniciativas en materia de seguridad económica y protección social. Según fuentes oficiales, se priorizarán el proyecto de permisos sectoriales y la modernización del sistema de evaluación ambiental.
El presidente Gabriel Boric ha instruido avanzar en la denominada inteligencia económica y del Estado, así como en una agenda de probidad y transparencia que aborde regulaciones sobre lobby, conflictos de interés y estándares de ética en municipios y gobiernos regionales.
Desde La Moneda confían en la viabilidad de estas propuestas, pues muchas de ellas cuentan con respaldo de la derecha, alineándose con su electorado. Aunque se prevén negociaciones, el Gobierno apuesta por su pronta aprobación.
VISIÓN DEL OFICIALISMO
En el oficialismo existe consenso en que la seguridad debe ser un eje prioritario de la agenda legislativa. Sin embargo, algunos sectores consideran clave avanzar también en educación y salud.
El presidente del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que «La seguridad sigue siendo el área más importante y lo será también para el próximo gobierno». No obstante, subrayó que es posible legislar en paralelo sobre temas como la eutanasia, a la que calificó como una cuestión «Transversal y necesaria».
En el ámbito de salud, Quintana enfatizó la urgencia de reducir las listas de espera: «No es necesario esperar otro gobierno para seguir avanzando en esa dirección», afirmó.
PRIORIDADES DEL EJECUTIVO
Por su parte, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, destacó que las prioridades del Ejecutivo responden a las demandas ciudadanas, pero insistió en la necesidad de aprobar el proyecto que elimina el Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
«Es importante que salga adelante para quitarle una pesada mochila de deudas a cerca de dos millones de familias y también al Estado, que debe desembolsar recursos para pagarle a la banca», explicó.
El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, coincidió en la importancia de la seguridad pública, pero advirtió que el gobierno debe concentrarse también en «cumplir las promesas que aún no se han podido concretar».
