Por lo que considera una “omisión negligente” en la supervisión de un convenio por $268 millones con la fundación ProCultura, la Contraloría General de la República (CGR) inició un juicio de cuentas contra el gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS).
Todo este caso se remonta a 2022, cuando el Gobierno Regional (gore) asignó los fondos para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
Lo que detectó Contraloría en su ejecución fueron sobreprecios, $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados.
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También se investiga para este juicio la presunta intervención de Crisóstomo en la selección de la empresa Esquerré para realizar el proyecto. Esto, pese a que oficialmente el ejecutor era la fundación ProCultura.
El juicio de cuentas involucra también a otros cinco funcionarios del gore, a quienes se les atribuye responsabilidad en la falta de control sobre los fondos públicos.
«SUJETO DE INTERÉS»
Para Crisóstomo, se trata de un proceso administrativo aún en etapa de descargos.
A través de un escrito pubicado en ExAnte, sostuvo que durante el juicio de cuentas “se entregarán los argumentos y antecedentes que permitan precisar la información, respecto a la correcta realización del Encuentro Binacional, razón que originó este convenio, que finalizó hace más de un año y que, como es de público conocimiento, se desarrolló logrando todos los objetivos propuestos”.
A nivel judicial, el gobernador fue declarado sujeto de interés en la investigación penal que es liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
En octubre de 2024, fue citado a declarar en calidad de imputado, pero hizo uso de su derecho a guardar silencio.
Para la consejera regional Lorena Jardua (UDI), quien presentó una querella en su contra, en la gestiòn del gobernsdor Crisóstomo hubo manejos políticos irregulares, sobreprecios y falta de transparencia.