La trama de cómo la fundación liderada el médico Alberto Larraín, quien era cercano al mandatario, se convirtió en la arista de ProCultura, la más grande del «Caso Convenios». La policía ha intervenido al menos de 57 teléfonos en su investigación.
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La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo la acusación de espionaje político que la colectividad ha enarbolado en contra la Fiscalía a raíz de la escucha telefónica de la conversación que el Presidente Gabriel Boric sostuvo con la psiquiatra Josefina Huneeus.
La idea la acuñó el partido para imputar los intentos que el fiscal a cargo de la indagatoria de Procultura, Patricio Cooper, de interceptar el teléfono del Mandatario, y que finalmente logró mediante el «pinchazo» al teléfono de Huneeus. Un acceso que el FA imputa y considera ilegal.
Con todo, Boric ha tomado distancia del caso y de la tesis del partido, instando a que el Ministerio Público haga su trabajo sin «persecución». A su vez, el candidato presidencial del FA, Gonzalo Winter, si bien respaldó lo expuesto por su partido, terminó por mostrar su desacuerdo con el término.
«PROCULTURA NO ES UN CASO DEL FA»
En conversación con Tele13 Radio, Martínez partió por sostener que «Procultura no es un caso del Frente Amplio. Es una fundación que tiene vinculaciones personales con algunos miembros del Frente Amplio, pero donde la mayoría de los aumentos de monto fueron provocados por gobiernos regionales de la región metropolitana y el Bío Bío, ambos ex militantes de la DC, y la única militancia que se conoce a Alberto Larraín es de la Democracia Cristiana. Entonces, no digo que es solo de ellos, ni solo de nosotros, pero no es un caso del Frente Amplio».
«Es un caso que mayoritariamente reporta aumentos de presupuesto en los gobiernos regionales, y eso es parte del 65-67%, y solo un 18% es del gobierno central, de esos aportes, y son aportes que también se dieron al gobierno del expresidente Piñera y la expresidenta Bachelet. Entonces, en el fondo, esta es una fundación que lleva mucho tiempo involucrada en este tipo de fondos».
Sobre la postura del FA contra la Fiscalía, la dirigenta oficialista expuso que «nosotros lo que hemos planteado es que acá hay un tema de fondo que tiene que ver con que se ha filtrado sistemáticamente, cierta información preliminar, o incluso que luego es descartada, en este y otros casos, por parte de la Fiscalía, que luego es recogida por los medios y termina siendo un juicio previo al juicio total. Eso ha pasado en varios casos de distintos tenores políticos, pero el nivel de recurrencia que ha ocurrido respecto al Frente Amplio es bastante más que el resto».
ACUSACIÓN DE ESPIONAJE
Sobre la acusación de espionaje en particular, insistió en la irregularidad de la escucha al teléfono de Huneeus. «Acá el teléfono de Josefina Huneeus es autorizado porque era el teléfono de Larraín. No porque era el teléfono de Josefina. Ojo, eso sale explícito. De hecho, después tienen que aumentar y ampliar su intervención por ser un sujeto de interés».
En esa línea, aseveró que «yo no estoy objetando a la jueza de garantía. Lo que estoy haciendo como presidenta de partido político, porque también yo no soy un tribunal de justicia, y no pretendo serlo, no tengo el poder de un tribunal de justicia y no lo quiero tener, entonces, acá se ha planteado como de que la determinación del Frente Amplio fuera casi un fallo judicial».
«Nosotros estamos poniendo una alerta política y por lo tanto, si usted quiere cambiar el nombre de espionaje a persecución o lo que sea, lo que nosotros estamos planteando es que acá hay un problema de funcionamiento en unos aspectos del Ministerio Público», agregó.
Ahondando en el punto, afirmó que «lo que estamos planteando es, primero, el teléfono pinchado no es el teléfono pinchado que se quería pinchar. Luego se extiende eso, pero las escuchas que están previas no están autorizadas por un tribunal». Dicho eso, acusó que «lo que están buscando es encontrar una conversación con el Presidente». «Tuvieron pinchado tres años al jefe de asesores del Presidente (Miguel Crispi). Según las cosas que han salido, hay discusiones que son bien antiguas».
Defendiendo la postura del FA, la exdelegada del RM sostuvo que «yo no puedo afectar la autonomía del Poder Judicial. O sea, con una declaración no la voy a afectar. Hay todos medios, etcétera. Nosotros lo que tenemos es poder decir, ojo, esto tiene que ser en torno a la Constitución y a las leyes. O sea, es un órgano autónomo, sí, pero creemos que hay una sistematicidad de eventos y de una práctica sistemática de la Fiscalía».
UDI PIDE A COOPER COMO FISCAL EXCLUSIVO
El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Henry Leal, junto a los subjefes, Felipe Donoso y Marlene Pérez, llamaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, a nombrar a Patricio Cooper como fiscal exclusivo en el caso ProCultura». Además de asignarle un equipo especializado para investigar el eventual financiamiento irregular de campañas políticas.
Esto luego de la polémica por supuestos aportes de la fundación a la campaña del Presidente Gabriel Boric, algo que ha sido negado por Alberto Larraín, fundador de ProCultura.
En ese sentido, y considerando la magnitud del caso en el que se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y fraude al Fisco por alrededor de $6 mil millones, los que provenían desde fondos públicos que la organización recibió de parte de distintas entidades, es que los parlamentarios calificaron como «indispensable» que el fiscal a cargo de la investigación se dedique en forma exclusiva, contando para ello con un equipo especializado y con un presupuesto adicional.
«Es indispensable que el Ministerio Público adopte todas las medidas que sean necesarias para garantizar el éxito de esta indagatoria, que a la luz de los antecedentes que hemos conocido podría convertirse en uno de los casos de financiamiento irregular de la política más graves en la historia de nuestro país, sobre todo por el desvío de recursos públicos que estaban destinados para ayudar a las personas más vulnerables y necesitadas. Por la magnitud del caso, los montos y las autoridades involucradas, es fundamental que el fiscal a cargo cuente con todas las herramientas necesarias para perseguir los eventuales delitos que se han cometido», señalaron los UDI.
REMOCIÓN COOPER
Lo anterior -agregaron los diputados Leal, Donoso y Pérez-, más aún tras las acusaciones de «espionaje político» que realizó el Frente Amplio (FA), a lo que se suma la solicitud de remoción del fiscal Cooper que presentaron distintos diputados de la misma colectividad, además del PC y el PS.
A su juicio, «existe la clara intención por perjudicar y horadar el trabajo que está realizando el fiscal regional de Coquimbo», por lo que junto con llamar al Ministerio Público a «fortalecer y proteger» la indagatoria.
También emplazaron al Presidente Boric, a exigir a los diputados oficialistas que retiren la solicitud para remover a Cooper.
