La investigación por el millonario traspaso de $1.683.788.000 desde la Gobernación de Santiago a la corporación ProCultura, destinada a ejecutar el programa “Quédate” de prevención del suicidio, sumó un nuevo giro tras la resolución del juez de garantía Patricio Álvarez, quien expuso serias dudas sobre la solidez del relato del Ministerio Público y los antecedentes presentados en la formalización.
El magistrado no solo cuestionó la consistencia jurídica del caso, sino que también dejó en evidencia una serie de errores investigativos que, a juicio de las defensas, han debilitado el proceso y terminaron influyendo en una decisión clave: el tribunal rechazó las medidas más gravosas solicitadas y solo decretó arraigo nacional para los formalizados.
Lea también Labbé cuestiona a Kaiser y abre opción de competir por presidencia del PNL
En una extensa jornada de formalización, el abogado Alejandro Alegría, defensor de la representante legal de ProCultura, María Constanza Gómez, acusó graves errores cometidos por el fiscal de Antofagasta Cristián Aguilar durante la audiencia en que se discutían las medidas cautelares. Según la defensa, la Fiscalía no solo habría presentado evidencia equivocada, sino que además sostuvo una imputación confusa y poco clara respecto de los delitos atribuidos.
AUDIENCIA MARCADA POR ERRORES Y UN RELATO IMPRECISO
Uno de los puntos más duros señalados por Alegría fue que el Ministerio Público presentó como prueba un audio de WhatsApp atribuido a María Constanza Gómez, cuando en realidad correspondía a María Teresa Abusleme, otra de las formalizadas.
A ello se sumó un episodio previo que involucró a Irina Karamanos, a quien se vinculó inicialmente con aportes de dinero a ProCultura y se le atribuyó calidad de imputada. Sin embargo, la misma investigación terminó aclarando que Karamanos no era parte del caso y quedó finalmente como testigo.
El juez difundió la resolución cuyo audio se conoció tras el proceso debido a las condiciones de la audiencia y reforzó varias de las dudas planteadas por las defensas. Al analizar el caso, consideró que la Fiscalía no presentó antecedentes sólidos para justificar medidas cautelares más severas
FISCALÍA NO FUE CLARA: ¿FRAUDE AL FISCO O ESTAFA?
Según las defensas de los imputados, la audiencia estuvo marcada por una falta de claridad del Ministerio Público respecto de los delitos imputados.
De acuerdo con esa versión, los formalizados no sabían si enfrentaban acusaciones por estafa o fraude al fisco, y solo durante las réplicas la Fiscalía terminó enfocándose en el fraude al fisco, con una modalidad que se aproximaba a la figura de administración desleal.
Ante los cuestionamientos, el Ministerio Público argumentó que las menciones a “estafa” eran únicamente referenciales, lo que para las defensas evidenció debilidad en el encuadre penal del caso.
LA PIEZA CLAVE AUSENTE: ORREGO NO ESTÁ FORMALIZADO
La Fiscalía sostiene que en una fecha indeterminada el gobernador Claudio Orrego se habría concertado con los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, para favorecer a ProCultura en la ejecución del programa “Quédate”, mediante una transferencia por $1.683.788.000.
El juez Álvarez afirmó que la formalización presenta una debilidad estructural: la Fiscalía atribuye a Claudio Orrego el rol de autor material y sujeto activo calificado del delito, pero aún no lo ha formalizado.
El magistrado explicó que esta situación genera un problema relevante al analizar los presupuestos materiales del delito, ya que el gobernador debe ser desaforado antes de enfrentar una formalización, trámite que revisará la Corte de Apelaciones.
“NO HAY UN ANTECEDENTE QUE DÉ UN INDICIO DE ACUERDO”
Aunque el juez asumió que existe amistad entre Orrego y Larraín, recalcó que eso no basta para configurar un delito.
En su resolución sostuvo que no existe ningún antecedente concreto —como declaraciones, correos, documentos o vínculos verificables— que permita sostener al menos un indicio de acuerdo de voluntades entre el gobernador y los imputados.
En esa misma línea, cuestionó la validez de conversaciones de WhatsApp presentadas por la Fiscalía, especialmente del grupo “Correr el Cerco”, ya que la defensa de Evelyn Magdaleno alegó que estaban descontextualizadas y que parte de esos mensajes correspondían a gestiones anteriores que no tenían relación con el proyecto “Quédate”.
El juez fue categórico: incluso tomando el contenido literal de esos mensajes, no se aprecia un acuerdo de voluntades ni siquiera tácito que permita sostener el tipo penal invocado.
TELEGRAM Y WHATSAPP: FILTRACIONES QUE APUNTAN A ORREGO
Pese a las dudas expresadas por el tribunal, la Fiscalía y querellantes deberán enfrentar ahora un debate clave en instancias superiores.
Según filtraciones de la carpeta investigativa, existirían conversaciones vía Telegram en las que el gobernador habría escrito a Alberto Larraín:
“Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo”, cuando ya había estallado el caso Convenios.
Además, se menciona un mensaje de Larraín en WhatsApp donde habría afirmado:
“Orrego me quiere pasar como dos mil millones”.
Estos antecedentes podrían ser utilizados por el Ministerio Público en la apelación ante la Corte de Apelaciones, en un intento por reforzar la hipótesis de coordinación y eventual favorecimiento.
OTRO PUNTO EN DISPUTA: ¿ALBERTO LARRAÍN ERA FUNCIONARIO PÚBLICO?
Las defensas anunciaron que discutirán en la Corte de Apelaciones la calidad jurídica de Alberto Larraín. El Ministerio Público afirmó que Larraín sí tiene condición de funcionario público, porque Claudio Orrego lo nombró director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana.
Sin embargo, las defensas argumentan que se trata de un ente privado, similar a corporaciones municipales, por lo que no podría aplicarse la misma lógica de imputación penal que rige para autoridades o funcionarios estatales.
Este punto es clave, ya que podría incidir directamente en la configuración del delito de fraude al fisco y en la estrategia de apelación del Ministerio Público para endurecer las medidas cautelares.
MOVIMIENTOS FINANCIEROS: CUESTIONABLES, PERO FUERA DEL EJE FORMALIZADO
Durante la audiencia, el Consejo de Defensa del Estado apuntó que las decisiones financieras eran atribuibles a Alberto Larraín, incluyendo movimientos bancarios y depósitos en fondos mutuos.
La defensa sostuvo que esos movimientos buscaban resguardar los fondos en instrumentos de bajo riesgo y presentó respaldos contables para demostrar que correspondían a devoluciones y operaciones internas de la corporación.
El juez reconoció que no correspondía realizar inversiones con recursos estatales, pero concluyó que ese punto no estaba dentro del núcleo de la formalización y que no existían antecedentes suficientes para sostener dolo común.
INVESTIGARON AL PADRE EQUIVOCADO Y REAPARECE EL CASO HUNNEUS
El abogado Alegría también denunció un error adicional: la Fiscalía solicitó abrir una cuenta bancaria del padre de Alberto Larraín, argumentando que había recibido más de $100 millones desde ProCultura mediante boletas.
No obstante, un informe policial estableció que esas transferencias correspondían al propio Alberto Larraín, no a su padre, pero la diligencia igualmente se realizó.
El antecedente del caso de Josefina Hunneus se sumó a la discusión: la interceptación de su teléfono, realizada bajo el argumento de que pertenecía a su exesposo Alberto Larraín, resultó ilegal porque ella no estaba siendo investigada. La justicia declaró esa interceptación ilícita y el episodio volvió a instalar dudas sobre la rigurosidad del proceso investigativo.
NUEVO ÁNGULO: UN CASO QUE NO SOLO INVESTIGA FONDOS, SINO EL ESTÁNDAR DE LA FISCALÍA
La resolución del juez Álvarez no solo significó un revés para la Fiscalía en materia de cautelares. En la práctica, instaló una señal política y judicial más profunda: el caso ProCultura no quedó debilitado por falta de gravedad, sino por la falta de claridad en la imputación penal, errores evidentes en la presentación de pruebas y ausencia de antecedentes directos que sostengan el supuesto acuerdo criminal.
Ahora, el Ministerio Público enfrenta una etapa decisiva. Si pretende endurecer las medidas cautelares en la Corte de Apelaciones, deberá demostrar no solo que hubo irregularidades, sino que existe evidencia concreta de coordinación y dolo, especialmente en torno a la figura que el juez consideró clave y que aún no enfrenta formalización: Claudio Orrego.
Pablo Toloza abogado Querellante en el caso Procultura:»Pareciera que el juez no entiende,que estamos en un fraude al fisco,pero de la variante más grave que es la corrupción «.. vea y escuche…#KastChileEstaContigo#CuentaRegresiva pic.twitter.com/7dT8aOu1l5
— PEP»»💚🇨🇱👮♂️ (@GARRONIERS) February 6, 2026
