Eduardo Artés, líder del Partido Comunista Acción Proletariado (PC-AP), ha comenzado a presentar sus propuestas para su tercera candidatura presidencial, en la que busca llegar a La Moneda. Para ello, Artés debe reunir las firmas requeridas por el Servicio Electoral (Servel) para que su nombre aparezca en las próximas elecciones presidenciales.
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PROPUESTA CONTROVERSIAL SOBRE LA PENA DE MUERTE
El denominado «profesor«, conocido por sus posiciones de izquierda radical, ya ha esbozado algunas de sus ideas más controvertidas. Una de las propuestas más llamativas es la reposición de la pena de muerte, específicamente dirigida a los narcotraficantes de gran calibre.
Artés ha justificado esta medida señalando que los narcotraficantes “asesinan y matan a cientos de miles de jóvenes” y que, en su opinión, esta medida debe ser aplicada con severidad, pero solo a los “grandes narcotraficantes”, excluyendo a aquellos que venden drogas en pequeñas cantidades
. En una entrevista con el podcast Destapados, Artés expresó que la pena de muerte sería una respuesta drástica a quienes considera responsables de un daño profundo a la sociedad, refiriéndose al narcotráfico como una de las principales amenazas para la juventud.
EL MARCO LEGAL INTERNACIONAL Y LA POSTURA DE CHILE
Sin embargo, esta propuesta entra en conflicto con el marco legal internacional al que Chile está suscrito. Desde la abolición de la pena de muerte en 2001, Chile se ha comprometido con tratados internacionales que prohíben su aplicación.
El país ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la pena de muerte de manera irrevocable. La legislación chilena establece que la pena capital solo podría imponerse en tiempos de guerra, una medida que permanece vigente en el Código de Justicia Militar.
PROPUESTAS ADICIONALES Y EL DEBATE SOBRE EL PODER EJECUTIVO
Aparte de esta propuesta, Artés ha planteado que, en lugar de continuar con el trabajo del Congreso, el Ejecutivo podría gobernar mediante decretos de ley, lo que también ha generado controversia, dado que este tipo de medidas podría contravenir principios fundamentales de la democracia representativa.
