El presidente de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Rubén Oyarzo, anunció que esperan votar a finales de abril el proyecto de ley que busca restringir el voto extranjero en Chile.
La iniciativa establece mayores exigencias para que los inmigrantes puedan participar en procesos eleccionarios y ha generado un intenso debate en el Congreso y la opinión pública.
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Según explicó el diputado Oyarzo, la comisión recibió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien informó que solo tres países en el mundo permiten a ciudadanos extranjeros votar en elecciones presidenciales, situación que según el parlamentario, «no se puede permitir».
Oyarzo argumentó que «casi dos millones de extranjeros» podrían incidir en la elección de un Presidente o Presidenta, lo que, a su juicio, es una cuestión de soberanía nacional.
En ese sentido, la comisión prevé la participación de expertos, representantes de partidos políticos y la presidenta del Servicio Electoral de Chile (Servel), Pamela Figueroa, con el fin de analizar a fondo los alcances del proyecto antes de su votación definitiva.
POSICIONES ENCONTRADAS
La iniciativa ha generado un acalorado debate. Para sus impulsores, limitar el voto extranjero es una medida necesaria para proteger la autodeterminación del país.
«No podemos permitir que personas sin arraigo real en Chile decidan el futuro de nuestra nación», enfatizó Oyarzo.
Por su parte, la diputada Camila Musante, jefa de bancada IND-PPD, respaldó la medida y advirtió sobre los riesgos de lo que denominó el «cucutazo electoral».
«No queremos que sean dos millones de extranjeros quienes puedan finalmente decidir quién va a ser el próximo o próxima presidente de Chile», afirmó, argumentando que la ola migratoria ha tenido un impacto en distintas áreas del país, incluidas las elecciones.
Por otro lado, críticos del proyecto lo consideran una medida discriminatoria y populista que busca restringir derechos adquiridos por inmigrantes que han hecho de Chile su hogar.
Desde sectores opositores, han señalado que esta propuesta podría afectar la integración de la población extranjera y generar una percepción de exclusión.
