A través de una declaración pública, el Partido Socialista (PS) rechazó el cobro que se están aplicando a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y solicitó a las autoridades revisar los procedimientos utilizados por la Tesorería General de la República (TGR).
La colectividad expuso que, «si bien sostenemos que las obligaciones financieras deben cumplirse y que las deudas contraídas deben ser pagadas, ello no puede realizarse a costa de vulnerar las condiciones mínimas de subsistencia de las personas y sus familias».
Lo planteó frente a su preocupación por denuncias relacionadas con la retención del dinero de cuentas bancarias a causa de deudas asociadas al sistema de financiamiento estudiantil. Acusaron que eso afecta directamente la economía de numerosas familias.
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A juicio del PS, las políticas de cobranza impulsadas por el Estado deben considerar criterios de proporcionalidad y protección social, evitando consecuencias que puedan agravar la situación económica de los afectados.
«PRINCIPIOS ELEMENTALES DE DIGNIDAD»
Enfatizaron también que ninguna estrategia de recuperación de recursos públicos del Crédito con Aval del Estado puede «desentenderse de principios elementales de dignidad, proporcionalidad y justicia social».
«Resulta especialmente preocupante la severidad con que se actúa contra trabajadores y trabajadoras que enfrentan dificultades económicas, mientras que en otros ámbitos hemos visto resistencias para avanzar en herramientas fundamentales para combatir delitos económicos de gran escala», criticaron.
Según la colectividad, el Estado debe ejercer sus atribuciones con criterios de justicia y no transformarse en un mecanismo que profundice la vulnerabilidad económica de quienes enfrentan problemas financieros.
Finalmente, desde el PS llamaron al Gobierno a revisar la medidas, resguardar los ingresos indispensables para las familias y avanzar hacia soluciones «justas y definitivas» para los deudores del CAE, ajustando además los procedimientos a la normativa vigente y a los criterios que han sido establecidos por los tribunales de justicia».
