El caso vinculado a la Fundación ProCultura corresponde a una de las principales aristas del llamado caso Convenios o también conocido como Líos de plata. Con el tiempo, se ha consolidado como la investigación más extensa surgida a partir de esa causa original.
De manera periódica, se han conocido nuevos antecedentes relacionados con este caso los últimos, luego de que imputados y querellantes pudieran acceder a la carpeta investigativa.
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A continuación, se explica de forma clara el contexto y alcance de esta indagatoria.
¿CÓMO EMPEZÓ LA INVESTIGACIÓN?
El 16 de junio de 2023 se destapó públicamente el Caso Convenios, tras revelarse transferencias cuestionables realizadas a la fundación Democracia Viva desde la Seremi de Vivienda en la región de Antofagasta.
A partir de ese momento, más de medio centenar de fundaciones quedaron bajo la lupa del Ministerio Público. Entre ellas, ProCultura ha destacado tanto por la cobertura mediática como por las consecuencias judiciales, debido a la participación de múltiples actores provenientes de distintos niveles del Estado.
¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN PROCULTURA?
De acuerdo con su sitio web, se definen como “una fundación sin fines de lucro, que a través de acciones identitarias, patrimoniales y culturales generamos oportunidades de desarrollo para las comunidades con el fin de potenciar la calidad de vida de las personas y que alcancen mayores niveles de bienestar físico, mental y social”.
La fundación fue creada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín quien ha presumido tener cercanía con el Presidente Gabriel Boric junto a la fotógrafa Ilonka Csillag.
Entre 2021 y 2022, periodo en que asumió el actual gobierno, la organización incrementó más de diez veces los recursos que recibió desde organismos públicos: pasó de $316.849.723 a $3.282.841.556. La Fiscalía actualmente la investiga por presunto fraude al fisco en convenios por una suma cercana a los seis mil millones de pesos con distintos gobiernos regionales.
PRINCIPALES INVESTIGADOS
Uno de los principales investigados es Miguel Crispi, exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), quien ocupó ese cargo entre marzo y septiembre de 2022.
Crispi, militante del Frente Amplio, prestó declaración como imputado en febrero de 2024, debido a su rol en la validación del convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y ProCultura para un proyecto que contemplaba $629 millones, destinados a pintar tres fachadas en esa ciudad.
MUNDO POLÍTICO
Además de Crispi, la indagatoria ha alcanzado a varios gobernadores considerados de interés, tales como Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (ex Revolución Democrática, Antofagasta), Rodrigo Mundaca (independiente apoyado por el Frente Amplio, Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Partido Socialista, Ñuble), Jorge Flies (independiente vinculado al Partido Radical, Magallanes) y Rodrigo Díaz (ex DC, Biobío).
Uno de los convenios cuestionados es el firmado por Orrego con ProCultura para la ejecución del proyecto «Quédate», orientado a la «prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental».
Este acuerdo fue por un total de $1.683.788.000 y fue aprobado por la Subdere. Sin embargo, la fundación sólo rindió cuenta por $600 millones.
CONTRALORÍA
La Contraloría, por su parte, inició un juicio de cuentas contra el gobernador de Ñuble, a raíz de una asignación directa por $268.100.000 en 2022 para el programa «Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble».
En paralelo, la UDI presentó una querella por malversación de fondos públicos, fraude al Fisco y tráfico de influencias en contra del acuerdo entre ProCultura y el Gobierno Regional del Biobío, liderado por Rodrigo Díaz.
Dicho convenio tenía por objetivo la limpieza y recuperación de fachadas en Antofagasta, con un presupuesto de $629 millones.
FISCAL A CARGO
La conducción de la investigación cambió cuando el fiscal nacional, Ángel Valencia, resolvió apartar del caso al entonces suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, debido a sus intercambios de mensajes con el abogado Luis Hermosilla y con Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
La causa fue asignada al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Cooper ha ganado notoriedad por esta causa, sumando además su rol como encargado del denominado caso Sierra Bella.
FILTRACIONES
Las interceptaciones telefónicas autorizadas en el contexto del caso ProCultura permitieron acceder a una conversación entre Miguel Crispi y su madre, Claudia Serrano, en la cual discutieron el papel que habría tenido la exsenadora Isabel Allende en la fallida compra de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende.
Según informó Ex-Ante, el Ministerio Público pidió intervenir el teléfono de Crispi por 60 días y luego amplió la medida por otros 60, extendiendo así el monitoreo de su línea.
