Era la noche del sábado 8 de marzo cuando el Presidente Gabriel Boric y su gabinete se reunieron en la casa del ministro de Economía, Nicolás Grau. Entre vino, espumantes y cerveza, se llevó a cabo la despedida de la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD), quien había dejado su cargo cuatro días antes para lanzar su candidatura presidencial. En paralelo, el jefe de asesores del mandatario, Miguel Crispi Serrano, se encontraba en el centro de una crisis política que alcanzaría dimensiones inesperadas.
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A la reunión solo faltaron el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA). Montes, por costumbre, evitaba los encuentros sociales con sus colegas, especialmente tras el reciente fallecimiento de su hija.
Orellana, en tanto, se encontraba en Nueva York liderando la delegación chilena en la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, organizada por la ONU.
RESPALDO A MAYA FERNÁNDEZ
Durante la noche, varios ministros expresaron su respaldo a Maya Fernández (PS), quien enfrentaba una acusación constitucional promovida por la oposición debido a su rol en el intento de compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado. Una operación en la que, por mandato constitucional, la entonces ministra de Defensa no debía intervenir.
Horas antes, Boric había ratificado su respaldo a Fernández en público con un abrazo y un beso en la mejilla durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El viernes 7 de marzo, Álvaro Elizalde, recién asumido como ministro del Interior, y la ministra (S) de la Segpres, Macarena Lobos, visitaron a Fernández para coordinar los pasos a seguir en su defensa. Posteriormente, la mañana del lunes 10 de marzo, desde la Segpres le enviaron a su equipo una carta Gantt con los plazos y estrategias, además de un listado en Excel con los diputados a favor y en contra del libelo.
MIGUEL CRISPI
A esa misma hora, Miguel Crispi comparecía ante la comisión investigadora del caso Monsalve, marcando un punto de inflexión en su trayectoria en el gobierno.
Era la segunda vez que la instancia intentaba obtener información de Crispi respecto a las recomendaciones y análisis que él y el jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán, le entregaron al Presidente la noche del 14 de octubre de 2025, tras la denuncia por violación contra el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).
COMISIÓN
Casi dos meses antes, el 2 de diciembre de 2024, Crispi ya había comparecido ante la comisión, pero se limitó a reiterar información pública, negándose a revelar detalles bajo el argumento de que «mis conversaciones con el Presidente son reservadas» y que, como asesor, estaba obligado a mantener la confidencialidad.
Su postura no hizo más que irritar a los parlamentarios de oposición, quienes solicitaron a la Contraloría determinar si Crispi tenía la obligación de entregar antecedentes. La respuesta fue clara: «Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de comparecer (…) y aportar los antecedentes que les requieran los diputados».
A pesar de esto, el lunes 10 de marzo, Crispi volvió a sostener que su contrato como asesor incluía una cláusula de confidencialidad que le impedía divulgar ciertos aspectos de la toma de decisiones en el gobierno. Sin embargo, mencionó que en la reunión del 14 de octubre, Boric les había instruido buscar nombres para un posible reemplazo de Monsalve.
RESPUESTAS EVASIVAS
Las respuestas evasivas de Crispi generaron una fuerte reacción entre los parlamentarios opositores en la comisión. Querían esclarecer si los asesores del Presidente recomendaron la salida inmediata de Monsalve cuando estalló la crisis.
Durante la sesión, Crispi mostró signos de incomodidad, golpeando la mesa con los dedos mientras el diputado RN Miguel Mellado anunciaba que solicitarían un sumario en su contra ante la Contraloría.
Si bien no era seguro que la amenaza de Mellado tuviera consecuencias legales, la presión política sobre Crispi aumentó. Su rol como jefe de asesores había sido cuestionado desde hace meses, incluso dentro del Socialismo Democrático. Para sus cercanos, la filtración del contrato de su esposa, Olivia Contreras, en el Museo Interactivo Mirador (MIM), con un sueldo de $1.500.000 brutos, fue el punto de quiebre. «A Miguel lo terminaron por quebrar», comentaron desde su círculo.
RENUNCIA
Lo que generó dudas fue el momento de su renuncia. A pesar de que la polémica sobre el contrato de su esposa llevaba semanas en la agenda, Crispi dejó el cargo solo después de su segunda comparecencia en la comisión investigadora.
En La Moneda, reconocían que Boric no quería perder a su asesor más cercano, pieza clave dentro del Segundo Piso del gobierno.
Para el Frente Amplio, el equipo de asesores de Boric era su último bastión de poder, especialmente tras la derrota en el plebiscito de la primera propuesta constitucional.
FRENTE AMPLIO
Muchos parlamentarios del FA se enteraron de la salida de Crispi al mismo tiempo que la ciudadanía, pasadas las 16:20 horas del lunes. Sin embargo, algunos dirigentes, como el senador Juan Ignacio Latorre y la presidenta del partido, Constanza Martínez, fueron informados con antelación y expresaron su respaldo.
En el oficialismo, la decisión no fue bien recibida. Según fuentes gubernamentales, dentro del FA argumentaban que no aceptarían que Crispi fuera el único en dejar el gobierno, exigiendo que Maya Fernández también saliera, dada su situación con la acusación constitucional.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó la idea de una salida doble, lo que también permitiría regularizar el nombramiento de Macarena Lobos en la Segpres. A pesar de compartir militancia con Maya Fernández, Elizalde había tenido tensiones previas con ella dentro del PS.
APOYO
Aunque desde el FA sus principales figuras apoyaron a Crispi, hubo críticas internas. Diputados como Andrés Giordano y Jorge Brito señalaron que su salida debió ocurrir antes. «Estos ajustes pueden contribuir a un ejecutivo más sólido y alineado con las expectativas de la ciudadanía», sostuvo Giordano.
Para muchos en el oficialismo, la permanencia de Crispi en La Moneda se había vuelto insostenible. Su rol consistía en gestionar crisis y evitar que escalaran al Presidente, pero en varias ocasiones terminó envuelto en las mismas controversias que debía contener.
Su nombre estuvo ligado al caso Convenios en 2023, aunque en enero de 2025 la Fiscalía desestimó la denuncia en su contra. También se vio involucrado en el caso Audios, tras contratar al abogado Luis Hermosilla, y en reuniones polémicas, como la que sostuvo con Catalina Pérez en julio de 2024, antes de su desafuero en el marco del caso Democracia Viva.
ASESOR DE BORIC
Hasta el lunes en la mañana, Boric se había resistido a perder a su principal asesor. La relación entre ambos no siempre fue estrecha, pero se fortaleció con el tiempo. En el inicio del gobierno, Crispi no estaba contemplado para liderar el Segundo Piso, cargo que asumió en septiembre de 2022.
Como jefe de asesores, tenía contacto directo con los partidos oficialistas y participaba en la supervisión de compromisos gubernamentales.
También intervino en proyectos clave, como la ley corta de isapres y los comités de crisis. Sin embargo, su papel en las tres principales polémicas del gobierno—el caso Convenios, el caso Monsalve y la compra de la casa de Allende—terminó por posicionarlo como protagonista de los escándalos, en vez de ser parte de la solución.
