Tomás Vodanovic habría utilizado recursos municipales para financiar su defensa en una querella por calumnias e injurias presentada en su contra en 2024, según se desprende del documento judicial.
El estudio jurídico Asesorías Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann prestó los servicios.
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El municipio de Maipú vuelve a estar en el centro de una polémica judicial.
CONFLICTO DE VODANOVIC
El concejal Juan Carlos Prado, integrante de la UDI, interpuso una querella por presunto uso indebido de fondos públicos en contra del alcalde (Frente Amplio), acusándolo de financiar su defensa en una causa penal de carácter personal con dinero de la municipalidad.
El escrito judicial detalla que los pagos al mencionado estudio jurídico se realizaron con cargo al presupuesto municipal, pese a que la querella en cuestión respondía a un conflicto privado del edil.
La causa tiene su origen en una denuncia interpuesta por José Luis Rifo, representante legal de un restaurante en el que ocurrió un asesinato.
DECLARACIONES
En una entrevista televisiva, Vodanovic habría hecho declaraciones en las que atribuía negligencia a la administración del establecimiento, lo que Rifo consideró ofensivo.
El concejal querellante sostiene que esos servicios legales no debieron financiarse con fondos públicos, dado que el alcalde figuraba como imputado y no como víctima en la causa penal.
Prado argumenta que esta situación vulnera la normativa vigente respecto al uso de recursos públicos para la defensa judicial de autoridades municipales.
QUERELLA CONTRA VODANOVIC
El sustento legal de la querella radica en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual establece que el municipio solo puede asumir los costos de defensa jurídica cuando los hechos que dan origen a la acción judicial se relacionan directamente con el desempeño de funciones públicas.
En este caso, la defensa estuvo a cargo del abogado Alejandro Awad, quien también actúa como representante legal de la municipalidad en otros casos de alto perfil, como el que involucra a la exalcaldesa Cathy Barriga.
ALCALDÍA
Desde la alcaldía de Maipú defendieron la legalidad del procedimiento.
En una declaración oficial, aseguraron que el apoyo legal fue autorizado conforme a la normativa vigente, ya que las declaraciones del alcalde se emitieron «En el contexto de sus funciones públicas».
Además, destacaron que «La Contraloría General ha establecido en múltiples dictámenes que corresponde a los municipios asumir estos costos cuando se trata de acciones judiciales derivadas del ejercicio del cargo».
