La fallida compra-venta de la casa del exPresidente Salvador Allende sigue generando polémica. Ahora, todo apunta al rol de Francisca Moya, la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
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Los reproches sobre la abogada escalaron luego que este lunes – durante una nueva sesión de la comisión especial investigadora sobre la compra del inmueble – Moya reconociera que “conocía la norma” de inhabilidad de la senadora Isabel Allende y la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, que les impedía suscribir contratos con el Estado.
PS APUNTA RESPONSABILIDAD DE MOYA
Varios miembros del PS salieron rápidamente a criticar a la funcionaria encargada de validar la legalidad y constitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente Gabriel Boric: Francisca Moya.
El primero en pronunciarse fue el jefe de la bancada de diputados, Juan Santana. En una conversación con Estado Nacional, el legislador comenzó señalando que «Hay una responsabilidad administrativa en algunos funcionarios que permitieron que este proceso se llevara adelante».
Luego agregó: «Existen mayores responsabilidades en el gobierno de las que hasta el día de hoy se han hecho valer y es completamente legítimo que, en caso de que este fallo sea tal como se ha conocido, nosotros pidiéramos revisar las responsabilidades administrativas que tuvieron aquellas personas que permitieron que este proceso se validara».
PAULINA VODANOVIC
La presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, fue la encargada de señalar con nombre y apellido a quien dentro del partido consideran responsable de no haber detectado el impedimento para realizar la transacción.
La timonel del PS también fue consultada en radio Cooperativa sobre la responsabilidad del actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien en ese entonces era el titular de la Secretaría General de la Presidencia, es decir, jefe de Francisca Moya.
Al respecto, Vodanovic comentó: «No es el momento de iniciar una caza de brujas en esto, hay una cadena infinita de personas. En este caso es Francisca Moya, pero no es mi interés hoy día hacer una caza de brujas (…) evidentemente hay un cambio de ánimo en mi partido, tengo que decir que hay frustración, sentimientos de faltas de solidaridad en lo humano, habrá que procesarlo de la manera que corresponda, pero con tiempo».
BLINDAJE A MOYA
La vocera (s) Aisén Etcheverry y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salieron este martes a defender a la jefa de la división jurídica legislativa de la Segpres, Francisca Moya, quien aseguró en la Comisión Investigadora de la Cámara que sabía que la compra de la casa de Salvador Allende era inconstitucional, aunque no respondió si se lo dijo al Presidente Gabriel Boric.
De esa forma, dejó en pie la versión del gobierno de que en última instancia la grave falta fue por desconocimiento del mandatario.
Lo señalado por Francisca Moya despierta varias dudas. Primero, como jefa jurídica de la Segpres ella es la persona encargada de velar que lo que está firmando el Presidente esté conforme la constitución y la ley.
Dado todo lo anterior, resulta difícil entender la razón de la defensa incondicional de la labor de Moya por parte de las más altas autoridades del gobierno.
El testimonio de Moya de que no le advirtió al mandatario constituye una pieza clave para evitar que las responsabilidades sigan escalando. Está claro desde el principio que la idea de la casa museo fue de Boric.
¿QUIÉN ES FRANCISCA MOYA?
Moya es abogada de la Universidad de Chile y tiene un Master of Laws de la London School of Economics and Political Science.
Llegó al Gobierno y a su actual cargo nombrada por el entonces ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.
En su cargo, tiene el rol de la confección técnica de los decretos que llevan la firma del Presidente Gabriel Boric. De hecho, también es la encargada de la rúbrica que se estampa en nombre del jefe de Estado.
Ya estuvo envuelta en polémica pues se le apunta como la encargada de redactar el borrador que le puso urgencia al proyecto de amnistía a los presos durante el estallido social y que generó un importante dolor de cabeza para el gobierno.
La abogada formó parte del equipo de campaña de Boric, con quien había coincidido mientras estudiaban derecho en la Universidad de Chile y formaron una importante amistad.
