La megarreforma no logró convertirse en ley este miércoles luego de que el Senado postergara la votación del informe de la comisión mixta por falta de votos suficientes. Pese al revés, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que la megarreforma mantiene un amplio avance legislativo y descartó que la situación represente un fracaso para el Gobierno.
Aunque el Ejecutivo esperaba cerrar la tramitación durante la jornada, el informe no alcanzó el respaldo necesario, por lo que la discusión quedó aplazada hasta el próximo 4 de agosto, una vez finalizada la semana distrital.
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La decisión generó críticas incluso desde sectores oficialistas. En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), cuestionó la estrategia del Gobierno y afirmó que el retraso obedeció a un error político al no asegurar previamente los apoyos en el Senado.
Frente a esos cuestionamientos, Quiroz sostuvo que la megarreforma ya obtuvo importantes respaldos durante su tramitación. Recordó que el texto fue aprobado en la comisión mixta y posteriormente por la Cámara de Diputadas y Diputados, atribuyendo la postergación a una solicitud presentada por el comité de la UDI.
El informe pendiente corresponde al mecanismo de compensación para los municipios tras la eliminación del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años, punto que deberá resolverse cuando la iniciativa vuelva a discutirse en la Cámara Alta.
El ministro también minimizó el impacto del retraso y afirmó que el artículo pendiente no altera el avance general del proyecto. En ese sentido, insistió en que el objetivo del Ejecutivo sigue siendo despachar la megarreforma a la brevedad.
Respecto de las críticas formuladas por alcaldes de oposición, Quiroz defendió la propuesta del Gobierno para compensar los ingresos municipales y señaló que, si las autoridades comunales rechazan el mecanismo, esa será una decisión que deberá discutirse en el Congreso.
Finalmente, el titular de Hacienda recalcó que la distribución de esos recursos corresponde al debate legislativo y no a una determinación de los municipios, reiterando que será el Parlamento quien defina la fórmula definitiva.
