Una fuerte controversia política y jurídica se abrió este miércoles luego de que el Senado aprobara por solo un voto el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, iniciativa que podría permitir que ciertos condenados cumplan sus sentencias fuera de la cárcel.
Tras la votación, autoridades de gobierno, parlamentarios de oposición al proyecto y representantes de agrupaciones de víctimas manifestaron duras críticas, advirtiendo que la propuesta podría abrir la puerta a beneficios para condenados por delitos graves.
GOBIERNO ACUSA RETROCESO EN DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD
El ministro de Justicia cuestionó la aprobación de la iniciativa y sostuvo que el Ejecutivo se opuso desde el inicio a su tramitación.
“Hoy es un mal día para la democracia, para la protección de los derechos humanos y para la seguridad del país”, afirmó, señalando que el proyecto contradice la política penal que Chile ha desarrollado durante las últimas décadas.
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Según explicó, el Ministerio de Justicia advirtió reiteradamente durante la discusión legislativa que el texto presenta deficiencias técnicas y podría entrar en conflicto con compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
El secretario de Estado también recordó que durante el debate participaron autoridades del Ejecutivo en las comisiones respectivas, donde expusieron sus reparos.
“El Ministerio de Justicia nunca estuvo de acuerdo con este proyecto. Lo dijimos en las comisiones y también en la sala del Senado”, aseguró.
ADVERTENCIAS POR POSIBLES BENEFICIOS A CONDENADOS POR DELITOS GRAVES
Durante su intervención, el ministro planteó que el proyecto, tal como está redactado, no establece distinciones claras según el tipo de delito, lo que podría abrir la posibilidad de que condenados por crímenes graves soliciten cumplir sus penas bajo arresto domiciliario.
En esa línea, sostuvo que la iniciativa podría eventualmente beneficiar a personas condenadas por homicidio, parricidio, femicidio, violaciones y abusos sexuales contra menores.
También advirtió que, dependiendo de cómo se interpreten sus disposiciones, el universo de beneficiarios podría ampliarse a miles de condenados que cumplen penas y presentan enfermedades graves o condiciones de discapacidad.
“Estamos hablando de un proyecto que podría abrir la puerta a que miles de condenados pidan cumplir sus penas fuera de la cárcel”, señaló.
CRÍTICAS DESDE EL SENADO: “NO DISTINGUE POR TIPO DE DELITO”
Durante el debate legislativo, parlamentarios que rechazaron la iniciativa coincidieron en que el principal problema del proyecto es que no diferencia entre delitos.
La senadora Yasna Proboste, opositora a la propuesta sostuvo que el texto se presenta como una medida de carácter humanitario para adultos mayores o enfermos terminales, pero que su redacción permitiría que personas condenadas por crímenes extremadamente graves accedan a beneficios.
“El problema está en lo que sí permite este texto. Al no distinguir por tipo de delito, abre la puerta a que los peores criminales del país puedan optar a estos beneficios”, afirmó durante la sesión.
En ese contexto, el parlamentario también advirtió que entre los potenciales beneficiarios podrían encontrarse condenados por delitos sexuales, homicidios y violaciones a los derechos humanos.
ADVIERTEN RIESGO DE REVICTIMIZACIÓN
La senadora Fabiola Campillai expresó su preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa. Advirtió que el proyecto podría generar nuevas situaciones de revictimización, especialmente en casos de delitos sexuales o violencia grave.
“Lo que le están diciendo a muchas víctimas es que la persona que las agredió podría volver a su casa o a su barrio”, afirmó.
La senadora también cuestionó lo que calificó como una contradicción entre el discurso político de endurecer las penas contra el crimen y la posibilidad de permitir beneficios penitenciarios a condenados por delitos graves.
PRÓXIMOS PASOS DEL PROYECTO
Pese a las críticas, el proyecto continuará su tramitación legislativa. Tras la aprobación en general, el Senado fijó plazo hasta el 16 de marzo al mediodía para la presentación de indicaciones.
Durante esa etapa, los parlamentarios podrán introducir modificaciones al texto antes de su votación en particular.
Desde el gobierno, en tanto, reiteraron que evaluarán el contenido de las indicaciones que se presenten, aunque insistieron en que la iniciativa, en su forma actual, genera riesgos para la seguridad pública y para las víctimas de delitos graves.
Ministro Gajardo se quiebra tras avance de proyecto que conmuta penas a reos: “Es realmente terrible”
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— 24 Horas (@24HorasTVN) March 4, 2026
