Ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, este martes la Fiscalía Oriente reformaliza a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, acusada de corrupción. Además, se realiza el juicio abreviado de otros imputados en la causa.
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La investigación busca establecer si la gestión de la política ligada a Chile Vamos está enlodada por actos corruptos. Barriga está imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Además, otros imputados en la causa serán reformalizados. Se trata de Luis Japaz, otrora mano derecha de la exalcaldesa; Andrea Díaz, exadministradora municipal; María Isabel Palma, otrora directora subrogante de administración y finanzas, y luego directora subrogante de control; y Ana María Cortés, exdirectora de Secplac.
A esto se suma que tres de los imputados en esta causa serán sometidos a juicio abreviado, reconociendo su responsabilidad.
Junto a todo esto, se resolvió ampliar en 60 días el plazo de investigación en esta causa.
El 2 de abril, el caso Barriga volverá a tener acción, ya que el mismo tribunal revisará las medidas cautelares de Cathy Barriga, actualmente en prisión preventiva.
DELITOS IMPUTADOS
Barriga fue formalizada hace un año por la Fiscalía Oriente, imputada por delitos de fraude al fisco, apropiación indebida y falsificación o uso malicioso de documentos públicos, los cuales habría cometido entre 2016 y 2021. En diciembre pasado, la jueza Lausen ya había optado por rebajar sus medidas cautelares.
TRIBUNAL ELECTORAL INHABILITA A BARRIGA
El Primer Tribunal Electoral Regional de Santiago sancionó a Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, con la prohibición de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Este acogió un requerimiento presentado por seis concejales de la comuna, tras una serie de denuncias por irregularidades cometidas durante su gestión entre 2016 y 2021.
El fallo considera que Barriga incurrió en faltas graves a la probidad administrativa y en un abandono reiterado de sus deberes como autoridad comunal. Las acusaciones incluyen desde el uso de recursos municipales con fines personales hasta contrataciones sin los debidos procedimientos legales, afectando principios esenciales de transparencia y responsabilidad pública.
