La bancada de diputados del partido Republicanos exigió la renuncia de la ministra Maya Fernández. Además informó que ha formalizado una solicitud para que se establezca una comisión especial investigadora, en relación a la fallida adquisición por parte del Estado de la propiedad del ex Presidente Salvador Allende.
Lea También: “Son intocables”: Oficialismo critica a ministra Sandoval por fallida compra de casa de Allende
Además, indicaron que presentarán un requerimiento al Tribunal Constitucional para que evalúe una posible inconstitucionalidad en el contrato que se habría firmado, así como en las acciones de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, solicitando que se les «cesen de sus funciones». Este requerimiento surge debido a que ambas firmaron el contrato de compraventa con el Estado.
CRÍTICAS Y DEMANDAS DE RENUNCIA
El jefe de bancada, Luis Sánchez, destacó que «si no fuera por la prensa, este secreto entre el Presidente de la República, la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende habría permanecido oculto. Se ha destapado un escándalo importante, ya que no solo hubo conversaciones para realizar esta compraventa, sino que efectivamente se firmó un contrato, lo cual tiene una gran relevancia».
Sánchez explicó que «la firma del contrato genera una causal de cesación de pleno derecho del cargo, tanto para la ministra de Estado como para la senadora, por haber suscrito convenios con el Estado, lo que es inconstitucional. La responsabilidad de resolver esta situación recae en el Tribunal Constitucional».
El diputado también afirmó que espera que la ministra Fernández actúe con honestidad y renuncie a su puesto de inmediato, en lugar de esperar que el Tribunal tenga que decidir su cese. «El Gobierno busca beneficiarse y utilizar dinero de todos los chilenos para pagar favores, y esto no puede continuar», añadió.
En una línea similar, el diputado Cristián Araya subrayó que «con la firma del contrato de compraventa del inmueble en Comento, debieran quedar automáticamente cesadas en sus cargos. Actualmente están en una situación de usurpación de funciones, y vamos a exigir en el Tribunal Constitucional su remoción inmediata».