Según un documento al que pudo acceder El Mostrador, un testigo que prefirió mantener su identidad en reserva, fue clave en el proceso de aprehensión de 11 personas ligadas a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).
En la investigación de la Fiscalía de Biobío, el funcionario Juan Yáñez Martinich presentó ante el Tribunal de Garantía de Curanilague un documento firmado por la jueza Ana Elizabeth Pino.
En ese texto se hallaban los antecedentes brindados por el testigo protegido que permitieron dar cuenta del modus operandi de la banda criminal RML en el que se reveló cómo robaban madera, vehículos, traficaban armas, lavaban activos así como delitos asociados a un posible tráfico de drogas.
El operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), logrado gracias a ese testigo clave, permitió no sólo la detención de las 11 personas -entre ellos un entonces carabinero activo y otro en retiro-, sino la incautación de armas de fuego de gran calibre, equipos de telecomunicciones y más de $5 millones en efectivo.
TESTIGOS PROTEGIDOS TREN DE ARAGUA
Este antecedente se suma al debate y críticas que se desataron luego de que el juez, Héctor Barraza, ordenara la revelación de 57 testigos protegidos en el marco del juicio contra Los Gallegos, banda asociada al Tren de Aragua en Chile.
El hecho derivó incluso en oficios a la Corte Suprema (CS) para solicitar la separación del juez Barraza: «Es inaceptable» y «una equivocación grave que puede costar vidas», señaló el senador José Miguel Durana (UDI) quien presentó la solicitud a la CS para desvincular al magistrado.
Al senador Durana, se sumó el Gobierno que confirmó que también recurriría a la Corte para evaluar la conducta del juez Héctor Barraza: «al Ejecutivo no le corresponde calificar el fondo de esa decisión. Sí considera que puede estar comprometida la conducta ministerial del juez y, en consecuencia, de conformidad a la Constitución, deja los antecedentes ante el pleno de la Corte Suprema», señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero.
No obstante el oficio y las críticas contra Barraza, la Corte Suprema decidió no emitir juicio alguno sovre el hecho, dado que la Corte de Apelaciones de Arica ya había iniciado una investigación administrativa respecto a su actuar.
