El retiro por parte del Gobierno de José Antonio Kast del Decreto N°10 desde la Contraloría —que buscaba modificar el reglamento de la Ley Karin sobre procedimientos de investigación de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo— generó un amplio debate político, con críticas por un eventual debilitamiento en la protección de las víctimas y apoyos que lo consideran una medida necesaria para corregir aspectos técnicos de la normativa.
La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) denunció —respaldando sus declaraciones con un oficio— que el Ejecutivo retiró del proceso administrativo una iniciativa impulsada por la administración anterior.
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El documento citado por la parlamentaria, firmado por la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo, establece: “Por medio del presente oficio, vengo a retirar del trámite de toma de razón el Decreto N°10, de 05 de marzo de 2026, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que modifica el decreto N°21 de 2024, que aprueba reglamento que establece las Directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de investigación de Acoso Sexual, Laboral o de Violencia en el Trabajo”.
LEY KARIN
Esta normativa buscaba introducir ajustes al reglamento vigente tras un proceso de evaluación realizado durante el primer año de implementación de la Ley Karin —promulgada hace dos años—, período en el que se detectó un escenario de “tensión” en las instituciones debido al alto número de denuncias.
Tras conocerse la decisión, Ana María Gazmuri calificó la medida como un “gravísimo retroceso. El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable”.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que “la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación”, agregando que la revisión del decreto apunta a asegurar un reglamento eficaz y aplicable en la práctica.
COMISIÓN DEL TRABAJO
El diputado Héctor Ulloa, subjefe de la bancada PPD-Independientes, señaló que respaldan la revisión del reglamento, pero advirtió que no permitirán que “se incorporen modificaciones al reglamento que debiliten la protección a las víctimas”. Además, planteó que “esperamos que tanto el ministro como el subsecretario de Trabajo asistan a la Comisión (de Trabajo) a explicarnos los alcances de esta medida”.
En una línea similar, representantes de la administración anterior alertaron que el principal riesgo del retiro del decreto es que “eventuales modificaciones debiliten los principios de la ley, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes”.
Por otro lado, el diputado Erich Grohs respaldó la decisión del Gobierno, afirmando que “Es claramente una señal de responsabilidad por parte del Gobierno, porque cuando hay observaciones técnicas a un reglamento, lo correcto es retirarlo, corregirlo y reingresarlo bien hecho. Hoy lo que se requiere es certeza jurídica y un reglamento sólido, que garantice una correcta aplicación de la ley y dé confianza tanto a trabajadores como a empleadores”.
RN
Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón, coautora de la ley, sostuvo que “de acuerdo a la experiencia que ya tenemos desde que se promulgó la ley y entró en vigencia, hay cosas que podrían adecuarse para su mejor efectividad. Yo creo que tenemos que terminar en algo: tenemos que parar de hacer escándalo, de rasgar vestiduras por cada cosa que el Gobierno retira”.
En tanto, la diputada Constanza Hube indicó que “el retiro de los reglamentos no es un capricho, es una responsabilidad del Gobierno: revisar su constitucionalidad, legalidad, mérito y pertinencia. Eso es lo que corresponde en un cambio de administración, y bien hecho, no tiene por qué significar retrasos”.
Finalmente, el diputado Mario Olavarría consideró razonable que el Ejecutivo revise los reglamentos pendientes, señalando que “Me parece que es lógico”. Sin embargo, cuestionó que no se informe oportunamente sobre estas decisiones, indicando que el Gobierno debiera transparentar sus fundamentos.
